El 1 de febrero se introduce en la legislación rumana la figura del mediador para litigios que se circunscriben al ámbito penal, desde el robo hasta la violación. El objetivo es la descongestión de los tribunales y el favorecimiento de la paz social, pero el amplio margen de interpretación del texto de la ley puede dificultar el mismo, explica Laura Stefanut en Presseurop.eu.
Como se podría esperar, la ley propuesta por la liberal Alina Gorghiu ha generado una ola de protestas en la sociedad civil y en los medios de comunicación, que han tildado la propuesta de "aberrante". Pero el problema no es que la nueva ley permita "comprar" la inocencia y ponga un precio a la violación. Ni que sea tachada de inconstitucional.
El verdadero problema de esta ley es su carácter obligatorio, en el que reside una ambigüedad: Alina Gorghiu dice que "a la víctima no se le ofrece una entrevista informativa ni una mediación" mientras que el portavoz del Consejo Nacional de Mediación sostiene que la entrevista informativa será obligatoria.
Facilitar la reinserción de la víctima
Tomar como punto de partida que se sabe mejor que la víctima qué es lo que le conviene abre la puerta a todo tipo de abusos. Por una parte, una mediación entre la víctima y el agresor viene de lo que se llama la “justicia restauradora” (justicia reparadora), que se propone implicar más a los ciudadanos que al Estado en el buen funcionamiento de la justicia. En un cara a cara entre la víctima y el agresor, el acusado admite su culpabilidad y la víctima pide lo que cree que podría compensar el perjuicio sufrido. Si en Rumanía la víctima puede exigir perdón o dinero, en Estados Unidos llega más lejos y puede hasta pedir que el agresor se mude a otro barrio.
Algunos estudios muestran que este tipo de justicia favorece la reinserción de las víctimas en la sociedad porque a menudo se tiene la sensación de que se ha obtenido una reparación más justa. Además, la tasa de reincidencia de los agresores desciende.
Sin mediación forzada
La violación en sí misma representa un ultraje a la voluntad del otro: una persona somete a otra, sin su consentimiento. Sorprende por tanto que, sabiéndolo, se escoja imponer la víctima una vez más que tenga que pasar por diversos procedimientos. Se corre el riesgo de que se acentúe más el desequilibrio entre el agresor y el agredido, cuando se debería actuar a favor del más débil. Quien proponga una mediación obligatoria olvida el papel del Estado, que tiene la obligación de proteger al ciudadano y de respetar su libertad.
Por otra parte, la recomendación del Consejo de Europa en lo relativo a la nueva ley estipula que hay que poner a disposición de la víctima la opción de la mediación, pero que en ningún caso se tiene que forzar a que recurra a ella.
Las discusiones sobre las enmiendas de la ley sobre la mediación resultan representativas del nivel de los debates públicos en Rumanía. Los periodistas están acostumbrados a que quienes toman las decisiones redacten leyes aberrantes que luego critican. Y lo más grave es que nos encontramos con una ley interpretable. Las buenas intenciones sin consecuencias parejas se convierten más bien en perjudiciales.
