En mi perfil de Facebook recibí ayer un post sobre “Cealalta capitala”, una organización que defiende una mayor descentralización política en Rumanía como vía para conseguir un gobierno más eficiente y una mejor gestión de los recursos. Según los promotores de la iniciativa, la diversidad cultural de las distintas regiones es un activo de gran valor que se debe apoyar, sin que este apoyo represente un peligro para la unidad del país. Promueven medidas tan radicales como el cambio de capitalidad a Alba Iulia y el establecimiento de un estado federal con 6 regiones y 6 capitales regionales. Se propone la entrada de la República Moldava en calidad de séptimo miembro de la federación.
De forma inmediata, la lectura de esta declaración de principios me ha llevado a pensar en la experiencia española. España no es un estado federal sino autonómico, pero la lógica es aproximadamente la misma. España consta de 17 comunidades autónomas (CCAA) más dos ciudades autónomas en el norte de África. El sistema autonómico se creó en 1978 con la aprobación de la Constitución votada por la mayoría de los ciudadanos.
La autonomía política era una demanda de aquellas regiones con mayor personalidad histórica, básicamente Catalunya y el País Vasco, a las que se incorpora también Galicia, es decir, aquellas en las que hay un alto grado de identificación con su lengua y conciencia nacional. Para gran parte de las demás regiones la eventual autonomía era algo nuevo y que no figuraba en su orden de prioridades. Así, hace poco en un programa de televisión el ex presidente de Castilla la Mancha explicaba que su comunidad autónoma nunca tuvo interés en serlo y el de Madrid relataba cómo se tuvieron que inventar una bandera y un himno pues no había nada que les identificase.
En aquella España cauta de la post dictadura se decidió que lo mejor era que todos iguales, y se instauró un sistema que sin duda ha tenido ventajas, pero que ahora con una importante crisis muestra sus inconvenientes: excesivas administraciones, excesivo gasto público, duplicidad de competencias, mayor corrupción y elevadísima presión al contribuyente para mantener todo el sistema. Hay en estos momentos un agrio debate en España sobre si la organización del Estado debe seguir como está o debe reformarse.
La lógica dice que debe reformarse y eliminar administraciones o al menos duplicidades. Pero esto no se hará, pues sería pedir a los políticos que actúen contra ellos mismos, y eso nunca pasa. Rumanía puede considerar y debatir cualquier opción que deseen sus ciudadanos, y estos pueden repercutir en una mejor gestión si se promueve de forma adecuada, pero atención con entrar en berenjenales de los que es demasiado difícil salir. Dicho esto, las minorías nacionales en Rumanía (húngaros, serbios, checos, alemanes, eslovenos, ucranianos,…) aportan al país una riqueza y potencial de desarrollo que muy poca gente aprecia y que hay que valorizar a toda costa. Son un de los mayores activos del país.
