Bruselas constató este miércoles en un informe lo que los rumanos conocen bien de primera mano: que la justicia está atrapada por la vociferante y polarizada vida política del país. Después de un año inmersa en una profunda crisis institucional provocada por la guerra entre el primer ministro y el presidente y con una corrupción instalada en la vida cotidiana y entre los poderosos, “no está claro durante cuánto tiempo la justicia podrá resistir la implacable presión política, aunque todavía devuelve los golpes”, dice Vlad Perju, profesor de Derecho de la Universidad de Boston. De hecho, Monica Macovei, exministra de Justicia rumana y eurodiputada, considera estos ataques “una prueba de que va en el buen camino”, cuenta la periodista Silvia Blanco, de El País.
Por si la imagen de los políticos rumanos estuviera poco desprestigiada y asociada en algunos casos a un intento de eludir la justicia, la semana pasada el Parlamento decidió, por contundente mayoría, modificar el estatuto por el que se rigen y robustecer su inmunidad ante la justicia. “Es una ley oportuna desde su perspectiva, dada la cantidad de diputados recién elegidos que están siendo investigados”, cuenta Perju.
En el nuevo estatuto se mantiene reformulada la exigencia de que la fiscalía —al solicitarle a la Cámara permiso para detener, registrar o arrestar a un parlamentario— aporte “las razones por las que se le investiga” para levantar la inmunidad, “lo que pone en peligro las pesquisas”, critica Cristina Guseth, de Freedom House. Macovei explica que lo que piden son “las pruebas, como si fueran jueces, cuando lo único que deben hacer es asegurarse de que sea un caso real y no políticamente motivado”. Con la nueva ley “no se establecen plazos para que las Cámaras den el visto bueno a levantar la inmunidad, por lo que pueden retrasar una petición”, argumenta Ovidiu Vaida, presidente del think tank Cespri. En opinión de Laura Stefan, analista de temas legales de Expert Forum, de Bucarest, “es como un sistema de justicia paralelo. Busca asegurarse de que los políticos están protegidos y que condenas como la de Adrian Nastase [el exprimer ministro, en prisión por corrupción] no se repetirán”.
Otro método para eludir la justicia es el empleado esta semana por Dan Voiculescu, un magnate de los medios de comunicación y senador... a ratos. En 2008 se le empezó a investigar por un delito de lavado de dinero. El Tribunal Supremo es el competente para juzgarle al ser senador. En junio, tras cuatro años de juicio y a punto de que se dictara sentencia, Voiculescu dimitió. La maniobra frenó el proceso judicial en el Supremo, que tuvo que ceder el caso a una corte ordinaria. Pasaron seis meses hasta que el nuevo tribunal asumió el expediente. En los comicios de diciembre fue reelegido, así que el caso regresó al Supremo. El lunes, Voiculescu dimitió de nuevo después de conocer la composición del alto tribunal, que le había citado para hoy. Su caso será cansinamente transferido a la corte ordinaria. “Es indignante”, opina Macovei. Pero legal.
