Timisoara, Rumanía, mediados de marzo. Dos jóvenes de 33 años conversan en la céntrica plaza Unirii. "Las cosas en el país están comenzando a cambiar gracias a la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA o Fiscalía Anticorrupción)", dice una de ellas, Casandra Holotescu. Este organismo llevó en el 2017 a un millar de personas ante los tribunales. Entre ellas estaban tres ministros, cinco diputados, un senador y dos secretarios de Estado, relata la periodista Beatriz Pérez de El Periódico.
"Sentimos que ahora hay más esperanza", señala a su lado Dana Lazar. "Entrar en la UE [2007] nos ha ayudado. Somos la primera generación que se ha ido de Erasmus y que ha visto mundo", añade.
Si algo marcó el último año del país (el segundo más pobre de la UE) son las manifestaciones contra la corrupción, las más importantes desde la revolución de 1989 que acabó con 43 años de dictadura comunista. En febrero del 2017, una polémica ley aprobada por el Partido Socialdemócrata (PSD) que despenalizaba ciertos casos de corrupción sacó a las calles de las principales ciudades rumanas (Bucarest, Cluj, Timisoara, Sibiu) a cientos de miles de rumanos.
La presión fue tal, que el Gobierno retiró la medida. Pero para entonces ya había nacido #Rezistența, un movimiento cívico que lucha contra la corrupción y que cuenta ya con un canal de televisión online, Rezistența TV, donde discutir sobre la actualidad del país.
