​La Cámara de los Diputados de Rumanía aprobó en la noche del lunes unas polémicas enmiendas del código penal, a las que sus detractores acusan que debilitarán los poderes de los fiscales a la hora de investigar casos de corrupción de alto nivel, informó hoy la prensa del país balcánico. La oposición liberal anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional después de que el nuevo procedimiento penal saliera adelante con 175 votos a favor y 78 en contra, gracias a la mayoría parlamentaria que goza el Partido Social Demócrata (PSD).

Plenul Camerei DeputailorFoto: Hotnews

Según las enmiendas, los tribunales de apelación no podrán condenar a una persona declarada inocente por un tribunal inferior, a menos que los fiscales presenten nuevas pruebas y no se tomarán en cuenta las escuchas telefónicas que no estén relacionadas con el caso de una persona que está siendo investigada.

Las modificaciones también establecen una duración máxima para las investigaciones criminales de un año, lo que sus críticos aseguran que ya no se podría perseguir la enredada red de casos de corrupción.

El presidente rumano, el conservador Klaus Iohannis, seguramente rechazará ratificar los cambios de las enmiendas del procedimiento penal, que podrían ayudar a muchos acusados de corrupción a evadirse de la justicia.

“Desde hoy, pedófilos y delincuentes grabados por teléfono móvil escaparán si no hay otras pruebas: desde hoy, Rumanía es el paraíso de los infractores”, dijo el líder de la Unión Salvad Rumanía, Dan Barna.

Condenado en 2016 a dos años de cárcel por fraude electoral y amenazado por un inminente veredicto en otro caso de corrupción, el líder del PSD, Liviu Dragnea, calificó recientemente a los fiscales como "corruptos" por "fabricar casos" en un mitin al que asistieron más de 150.000 personas.

Rumanía, que está bajo vigilancia de la Unión Europea en materia de justicia, ha llevado ante los tribunales a más de mil cargos políticos -entre los que se encuentran exprimer ministro y ministros- desde que ingresó en el boque comunitario en 2007.

A principios de este año, miles de ciudadanos se manifestaron en las calles de las principales ciudades del país contra las tentativas de Gobierno de centroizquierda de socavar la independencia de la justicia