Alrededor de 3.000 empleados públicos han protestado este miércoles en Bucarest contra las intenciones de la formación gubernamental, el partido Socialdemócrata, de concentrar el peso de los impuestos a la Seguridad Social en los trabajadores a partir del próximo 1 de enero.
"La propuesta del Gobierno de transferir las cotizaciones a la Seguridad Social a los trabajadores es un experimento cuyas consecuencias negativas van a ser asumidas exclusivamente por los empleados", explicó un miembro del sindicato Cartel Alfa, una de las organizaciones que ha impulsado la protesta.
El Ministerio de Finanzas rumano planea reducir el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social al menos un 35 por ciento, aunque todavía tiene que emitir un proyecto de ley al respecto.
Además, las autoridades del país tienen la intención de reducir el impuesto sobre la renta a un diez por ciento desde el 16 por ciento actual.
La Comisión Europea ha advertido de que una reforma fiscal de este tipo podría implicar el mayor déficit presupuestario durante este año y el que viene en la Unión Europea.
Sin embargo, el Gobierno de Rumanía aseguró que mantendrá el déficit por debajo de los límites que marca Bruselas, de un tres por ciento del PIB, y que aumentará el salario mínimo un 25 por ciento en 2018, que según manifiesta, cubrirá las pérdidas provocadas por la futura reforma.
Por su parte, los inversores extranjeros también han criticado las intenciones del Gobierno rumano y han denunciado que las medidas han sido anunciadas sin someterse a consulta previa o haber evaluado su posible impacto.
El ministro de Finanzas de Rumanía, Ionut Misa, afirmó que las empresas privadas tendrán que aumentar los salarios brutos de sus trabajadores pero ha explicado que la decisión no tendrá consecuencias en las compañías puesto que ya no contribuirán a la Seguridad Social.
