“Las personas que están siendo investigadas penal, juzgadas o condenadas no deben estar al frente del Estado”, declaró en la noche del martes el jefe de Estado, Klaus Iohannis en alusión a las dos ministras Sevil Shhaideh y Rovana Plumb, que fueron declaradas sospechosas la semana pasada por un caso de transferencia ilegal.
“Las ministras deberían, en la variante óptima, dimitir. La segunda variante aceptable deben ser retiradas”, señaló el presidente en una rueda de prensa en la sede la Presidencia, el Palacio Cotroceni.
“El hecho de que el PSD (el Partido Social Demócrata) levante un escudo alrededor de las dos ministras no es un buen augurio”, prosiguió Iohannis sobre el máximo apoyo demostrado del partido gobernante a las ministras.
El presidente subrayó que, antes de las elecciones”, llamó la atención en repetidas ocaciones que “sería muy grave que personas condenadas o procesadas obtuvieran cargos públicos porque automáticamente aparece una inmensa presión sobre la justicia, como así ha sucedido”.
Por tanto, agregó, se necesita una implicación cívica máxima: “Aquellos que desean un Estado de Derecho y una sociedad sanas deben hacer pública su opinión, tener voz en el debate”.
“Podemos constatar que de las elecciones presidenciales (diciembre de 2015) hasta ahora un número impresionante de políticos se dedican a atacar a la justicia, fiscales, a los procesos judiciales, trasmitiendo a la población la impresión de que la justicia no funciona. Se pudo constar fácilmente que muchos de estos políticos influyentes están condenados, están inmersos en procesos o están siendo investigados”, añadió.
El jefe de Estado precisó que no está pidiendo a la ciudadanía que salga a la calle como en febrero pasado: “No deseo con esto crear la impresión de que quiero llamar a la gente a protestar, pero una sociedad sana está obligada a debatir públicamente estas cuestiones porque nos afectan a todos”.
