Desde que hace 17 meses se puso al frente de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumania, parece como si Laura Codruta Kovesi no durmiera. La fiscal jefa del organismo que investiga los grandes asuntos de corrupción —los que implican a altos cargos públicos o sumas de más de 10.000 euros— en uno de los países con mayores problemas de la UE ha abierto más casos en su tiempo en el cargo que durante los tres años anteriores juntos. De fuerte apretón de manos y sonrisa huidiza, esta mujer de 41 años, jugadora de baloncesto en su época universitaria, se ha convertido por ello en una de las personas más temidas y odiadas del país. Las investigaciones de su departamento han derivado en la condena de más de mil altos cargos en 2014; incluidos un ex primer ministro (Adrian Nastase), dos exministros o cinco parlamentarios, cuenta la periodista Maria R. Sahuquillo en el País.
Pero Codruta Kovesi elude presumir de sus estadísticas, entre las que también está el arresto del hermano del presidente Traian Basescu o, sin ir más lejos, el de una de sus colegas: la jefa de la Fiscalía contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Nadie parece intocable. “La lucha contra la corrupción es mucho más eficiente ahora”, dice encogiéndose de hombros. Tampoco demuestra que le afecten las duras críticas de quienes afirman que su departamento se asemeja a la Securitate —la temida policía de inteligencia del dictador Nicolae Ceaucescu— o, como llegó a comentar el primer ministro Victor Ponta hace poco —cuando destacados socialdemócratas se vieron envueltos en un escándalo en plena campaña electoral—, que se mueve por intereses políticos. “Algunos altos cargos nos han atacado cuando se ha investigado a miembros de su partido”, se limita a deslizar Codruta-Kovesi. “Se puede criticar cuando un juez determina que nuestra investigación no fue buena y exculpa a los implicados. Sorprendentemente la Fiscalía Anticorrupción ha sido criticada a pesar de que se han dictado condenas relativamente altas”, dice.
Su labor, que desgrana en su despacho de la Dirección Nacional Anticorrupción, en el centro de Bucarest, no ha sido fácil. El Parlamento ha tratado de poner trabas a su departamento con leyes como la que contemplaba la amnistía de algunos casos de corrupción. O, simplemente, votando contra la retirada de la inmunidad de quienes ocuparon altos cargos en el Gobierno. Una ventaja, dice, inconcebible: “Ese tipo de inmunidad no debería existir. Cuando hay sospechas de que una persona es corrupta solo el juez debería poder decir si es detenida o investigada. En ningún caso un voto emitido en el Parlamento por políticos”.
