El primer borrador de la nueva ley para la agilización de la adjudicación en la contratación pública refleja algunos cambios respecto a la ley anterior, que implican que el período mínimo obligatorio entre el anuncio y la fecha límite para presentar ofertas para los contratos públicos se reducirá de 52 días actualmente a 35. Este período de tiempo podría, incluso, llegar a 15 días, publicó el Instituto Exterior de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una noticia de Newsroom.

Del documento, consultado por la agencia Mediafax para su edición del 3 de marzo, se extrae también que se va a introducir un nuevo procedimiento llamado "alianza para la innovación" entre los métodos admitidos para la adjudicación de contratos públicos. Este procedimiento se podrá emplear en caso de que el Estado identifique la necesidad de un producto, servicio o trabajo innovador que no esté disponible en el mercado.

Otra innovación es que las Instituciones del Estado que quieran adjudicar un contrato público podrán iniciar una investigación de mercado para establecer los pliegos y condiciones de la licitación, consultando expertos independientes y empresas que después podrán participar en la licitación para la adjudicación del contrato en cuestión.

Otra disposición es que los contratos públicos serán adjudicados en base a la oferta más ventajosa en términos monetarios, que tendrá en cuenta el precio pero también la calidad del producto o servicio que se adquiera. El Estado tendrá derecho a no declarar, en ciertas situaciones, la razón por la que rechazó una oferta determinada.

El borrador también estipula que el límite para el valor máximo de un contrato a partir del cual se aplican determinados procedimientos de licitación pública, se calculará en leus, no en euros como actualmente. Los límites serán 22.908.118 leus (frente a 5 millones de euros actuales) para un contrato de obras y 914.381 leus (frente a 200.000 euros actuales) para un contrato de servicios.

El borrador se examinará a nivel interministerial antes de ser finalizado y presentado al Gobierno para su aprobación.