Los primeros signos de interrogación aparecieron el 23 de agosto cuando el Gobierno tomó una decisión brusca de cambiar la estrategia de privatización de Oltchim al renunciar la conversión de las deudas de AVAS (agencia de privatización), aproximádamente de unos 250 millones de euros, en acciones.

Durante dos años, el Ejecutivo se ha esforzado para convencer a las autoridades de Bruselas que aprueben esta conversión. Pese a la oposición manifiesta de PCC, socio minoritario, los argumentos del Gobierno fueron suficientes para obtener una decisión favorable de la Comisión Europea. ¿Por qué renunciaría tan fácilmente tras haber logrado un resultado difícil?

El jefe de OPSPI, Remus Vulpescu, explicó que se debe a un gran riesgo de que la operación fuera recurrida en el tribunal por parte de PCC, que ha conseguido su objetivo con una simple amenaza: bloquear la conversión de las deudas de AVAS en acciones.

En abril, la compañía rusa TISE mostró su interés, pero dejó de manifestar su disponibilidad al cambiar la estrategia de privatización.

Desde que apareció Dan Diaconecu, periodista polémico, la prensa rumana ha hablado de la posibilidad de que estuviera respaldado de una empresa rusa.

OPSPI publicó un anuncio el 10 de agosto para la venta de las acciones de Oltchim para que tuviera lugar la subasta el 14 de septiembre. El 27 de agosto, publica otro anuncio, esta vez con la venta de las acciones de Oltchim junto a AVAS y Electrica, dejando un término muy corto para los inversores para enviar las ofertas: hasta el 17 de septiembre. Aparece el 6 de septiembre otro anuncio en que se explica que se puede proceder a la adquisión por separado, pero la fecha de la licitación se mantiene para el 18 de septiembre.

Tan sólo 13 días antes se cambió la estrategia de la privatización, lo que provoca especulaciones.

Diez días antes de la subasta, el 8 de septiembre, Diaconescu se lanza a la compra de la moribunda compañía Oltchim: "Quiero adquirirla junto al pueblo rumano". Nadie le tomó en serio hasta que procedió a bloquear la privatización.

Un día antes de la licitación, Diaconescu presenta su oferta y pide que se suspenda la privatización. Vulpescu cede y aplaza la subasta al 21 de diciembre. ¿Por qué? ningún inversor serio no se había comprometido todavía. El jefe de OPSI reconoce que los nuevos litigios determinaron las reacciones de otros inversores.

Llega el 20 de septiembre y Diaconescu forma un espectáculo en la sede de la agencia estatal delante de las cámaras de televisión. Acusaciones de complot se escuchaban en la sala.

El día siguiente, se declara ganador a Diaconescu con una oferta de 45 millones de euros. Se preveía que el dinero se entregara hasta el 14 de febrero de 2013. Sin embargo, el Ministerio de Economía contradijo al jefe de OPSPI diciendo que se prepara una ayuda de urgente para Oltchim de la misma cantidad que la oferta del periodista curiosamente.

Otra pregunta que está en el aire radica en por qué no se introdujo como requisito la experiencia de la empresa para presentarse a la licitación.

La subasta mostraba que las sumas ofrecidas por las demás compañías resultaban muy por debajo de las expectativas.

Ahora toca saber si se firmará el contrato. La transferencia de 45 millones de euros parece evidente, pero la parte complicada pasa por el funcionamiento del combinado Oltchim.

En el caso de que se adquiriera Arpechim de la OMB Petrom, el nuevo dueño debería pagar unos 300 millones de euros.

El circo que se está creando a su alrededor ha enfadado al primer ministro, Victor Ponta, quien ha pedido que se pare con este escándalo.

Oltchim contrata a unas 3.000 personas directamente más otros miles de la industria conexa cuya suerte depende de esta privatización.

Stefan Vuza, de Chimcomplex y Aisa Investement, que ha participado en la licitación, resume lo que ha sucedido: "El error fundamental ha estado en la estrategia de privatización elegida. Para atraer a un inversor de primer rango no se pocede como se ha hecho, cuando se modifica de una semana a otra, cuando la compañía tiene deudas, cuando el riesgo de insolvencia es inminente, cuando los problemas históricos superan los 100 millones de euros. En este caso, solamente vienen firmas de segundo rango."