Desde que Argentina se independizó del Reino de España, ejerció plenamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, procediendo al dictado de normas y al establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidaron el ejercicio pleno de su soberanía, incluyendo el fomento al desarrollo de actividades comerciales y el establecimiento de población.
Dos importantes hitos en el proceso de consolidación del ejercicio de la soberanía argentina sobre las Islas del Atlántico Sur fueron el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, ocurrido el 6 de noviembre de 1820, y la creación, el 10 de junio de 1829, por decreto del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, de la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y adyacentes al Cabo de Hornos.
Pero este ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas fue interrumpido el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, en plena expansión colonial, desalojó por la fuerza a los representantes del gobierno argentino y estableció otra población, proveniente de la propia metrópoli. Desde entonces, y durante los siguientes 188 años, los distintos gobiernos argentinos han venido reclamando permanentemente por la restitución del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas.
En ese reclamo, el apoyo de la comunidad internacional en general ha sido fundamental. Con el paso de los años, y a medida que la comunidad internacional se organizaba en distintos foros multilaterales, se fueron sumando apoyos de distintos grupos regionales y multilaterales a la posición argentina.
Ese apoyo contundente permitió lograr, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, la adopción de diferentes resoluciones relacionadas directa o indirectamente con la Cuestión Malvinas. En ese marco, la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas (Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales) da sustento a la posición argentina respecto de la Cuestión de las Islas Malvinas, consagrando el principio de integridad territorial al sostener que “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas “.
Asimismo, sostiene que las poblaciones con derechos a la libre determinación son los pueblos sujetos a subyugación, dominación y explotación extranjeras y por ende las poblaciones implantadas por la potencia colonial, como es el caso de las Islas Malvinas, no son sujetos activos de tal derecho.
Un año después, en 1965, se aprobó en el ámbito de las Naciones Unidas la primera resolución específica sobre la Cuestión de las Islas Malvinas, la resolución 2065 (XX), la cual constituye un hito fundamental para el reclamo argentino. A través de ella, la comunidad internacional reconoce la disputa de soberanía territorial entre la Argentina y el Reino Unido y llama a ambas Partes a proseguir sin demora las negociaciones bilaterales como vía para alcanzar una solución al diferendo.
En todas las oportunidades en que la “Cuestión de las Islas Malvinas” fue considerada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1965-1988), Rumania votó afirmativamente. Pese al constante llamado de la comunidad internacional, el Reino Unido persiste en el incumplimiento de retomar las negociaciones de soberanía, escudándose en el principio de libre determinación, que no resulta aplicable a la Cuestión de las Islas Malvinas, quedando así, cada vez más en evidencia, los intereses económicos y geopolíticos que subyacen a su pretensión de perpetuar su control en el Atlántico Sur.
En tal sentido, la exploración y explotación de recursos naturales en una vasta área del Atlántico Suroccidental -sumamente rica en recursos hidrocarburíferos, ictícolas, minerales y de biodiversidad- violan abiertamente la Resolución 31/49 de la ONU. La presencia militar del Reino Unido en la Islas, por otra parte, contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur), entre otras disposiciones, y es totalmente desproporcionada respecto de la capacidad de las fuerzas argentinas.
Por otro lado, es claro que la Argentina no puede suponer una amenaza latente: hoy su compromiso con la democracia, el respeto del derecho internacional y la solución pacífica de las controversias son indudables.
El Gobierno argentino tiene el firme convencimiento de que la mejor forma de mantener vigente nuestro reclamo es continuar planteándolo como política de Estado y como una cuestión regional y global. Los argentinos seguiremos reclamando siempre por la vía pacífica y diplomática, convencidos de que nuestra Nación no estará completa hasta que recuperemos el ejercicio de la soberanía sobre las Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En este sentido, a los efectos de difundir la Cuestión de las Islas Malvinas en Rumania, se ha constituido en 2012 un Grupo de Apoyo a las Malvinas coordinado por el Dr. Razvan Pantelimon, que contó con una vasta actividad y que próximamente publicará la hoja de ruta para el año 2022.
