El presidente de Rumania, Klaus Iohannis, rehusó este lunes la petición del Gobierno de cesar a la jefa de la Fiscalía Anticorrupción (DNA), Laura Kovesi, al alegar que los argumentos de que habría violado la Constitución y perjudicado la imagen del país en el extranjero no son convicentes.
“Los motivos de destitución presentados por el ministro de Justicia (Tudorel Toader) no me han convencido”, ya que, “en gran medida, no corresponden con las disposiciones legales”, declaró Iohannis en rueda de prensa.
Tras conocer la decisión del jefe de Estado, quien tiene la potestad para nombrar y destituir a la fiscal, el ministro de Justicia anunció que recurrirá su negativa al Tribunal Constitucional. “En la medida en la que el presidente no tiene la capacidad legal ni las competencias funcionales para evaluar la actividad profesional y administrativa llevada acabo por el fiscal jefe de Anticorrupción (…) recurriremos el rechazo a la Corte Constitucional", escribió Toader en la red social de Facebook.
Toader inició en febrero el proceso de cese de Kovesi por haberse entrometido presuntamente en decisiones de la Corte Constitucional y empeorado la imagen de Rumanía al criticar la reforma judicial aprobada en diciembre por el Partido Social Demócrata (PSD) y la Alianza de los Liberales y Demócratas (ALDE) en el Parlamento.
A finales de ese mismo mes, el Consejo Superior de Magistratura (CSM), institución que vela por la independencia de la justicia en el país balcánico, apoyó a la fiscal jefe con un aviso negativo que no resulta vinculante, aunque le ha servido al presidente como argumento en favor de kovesi. Incluso, el CSM recordó que los fiscales gozan del derecho a expresar sus opiniones sobre textos jurídicos.
Las intenciones del Ejecutivo socialdemócrata han desatado protestas en las principales ciudades de Rumania para expresar su respaldo a la fiscal jefe del DNA. Kovesi, una de las figuras más populares del país, entre otras por haber llevado ante la justicia a más de mil personas en 2017, denunció “ataques sin precedentes” provenientes del Gobierno.
Precisamente, la semana pasada, el Consejo de Europa expresó sus “serias preocupaciones” por la reforma de la justicia en Rumanía al opinar que podría tener un impacto negativo en la lucha contra la corrupción.
