Más de 20.000 ciudadanos protestaron este domingo en Bucarest contra el Gobierno socialdemócrata por la reciente adopción de una controvertida reforma fiscal y el debate de un polémico proyecto de ley sobre la justicia, de la que denuncian que reduciría la independencia de la justicia. “Justicia, no corrupción”, “Dimisión” y “No os escapáis” gritaron las miles de personas concitadas ante el Palacio Victoria, sede del Ejecutivo, antes de marchar pacíficamente hacia el Parlamento.
“La realidad es que Rumanía ha llegado a ser un Estado rehén”, señalan los sindicatos y organizaciones no gubernamentales, organizadores de la manifestación, en alusión a las recientes acusaciones del Gobierno de centroizquierda de que existe un Estado paralelo en Rumanía orquestado por el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, y la Fiscalía Anticorrupción.
“La confiscación política del sistema de justicia, el secuestro del Estado a manos de una mafia política que debilita la legislación anticorrupción para escapar de los tribunales, la guerras política e institucional lanzadas por del Gobierno contra la sociedad civil y el caos fiscal llevarán a Rumanía fuera de la Unión Europea y la OTAN”, señalaron los organizadores en Facebook.
A principios de este mes, el Gobierno aprobó una reforma fiscal que entrará en vigor en enero de 2018, pese a las críticas de los sindicatos, patronales y el jefe de Estado, y que transfiere las cargas del pago de la seguridad social del empleador al trabajador, entre otras cosas.
Los sindicatos y patronales temen que los salarios se disminuyan en algunos casos un 20 por ciento con la nueva normativa.
Además, los legisladores están debatiendo actualmente un proyecto de reforma del sistema judicial que ha provocado duras críticas entre las que se encuentra las del presidente, quien lo calificó como un “ataque contra el Estado de Derecho”, y la Unión Europea.
Entre las propuestas se hallan la reducción de las competencias de la fiscalía anticorrupción (DNA), organismo que ya no podría investigar a los magistrados, y el control de la Inspección Judicial del Consejo Superior de Magistratura, el principal guardián que protege la independencia de la justicia.
Estas protestas se producen días después de que la Fiscalía Anticorrupción acusara al líder socialdemócrata, Liviu Dragnea, de crear un grupo criminal, abuso de poder e información falsa en un caso de malversación de fondos europeos.
