La dirección del Partido Social Demócrata (PSD), decidió acordar el lunes el “apoyo total” a la viceprimer ministra Sevil Shhaideh y a la ministra delegada de Fondos Europeos, Rovana Plumb, por presunto abuso de poder en un caso de transferencia ilegal.

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“Hemos escuchado a las dos compañeros, sus puntos de vista. La conclusión ha sido muy clara: han respecto la ley y se consideran inocentes”, declaró el líder de los diputados socialdemócratas, Ioan Munteanu, al salir de la reunión.

Munteanu precisó que “la decisión final ha sido de apoyo total” e, incluso, “se le pidió que no dimitiera”. Sevil Shhaideh y Rovana Plumb “serán defendidas por todos los miembros de partido”, prosiguió el diputado.

Por su parte, el presidente del partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, quien también asistió a la reunión, expresó su solidaridad y transmitió a sus colegas su experiencia profesional de exprimir ministro cuando tuvo “varios enfrentamientos con el sistema”.

Tariceanu habló de “solidad sin fissura” en el seno del PSD y subrayó que ambos ministros “no tienen ningún motivo para dimitir”. Además, acusó “una acción claramente política” el hecho de que “desde hace tiempo” asistimos a “estas actuaciones de factura política por parte de algunos que trabajan en la DNA (Fiscalía Anticorrupción).

El jefe de ALDE sostuvo que “si se tratara de un problema de corrupción entonces la actitud del PSD y mía sería diferente a lo mejor”.

El presidente del PSD, Liviu Dragnea cree en cambio que se trata de “ataque contra el Gobierno”.

“No voy a renunciar, no daré un paso atrás”, señaló Dragnea en la cadena de televisión Antena 3 en alusión a los casos de corrupción que salpican a su formación política.

La jefa de la DNA, Laura Codruta Kovesi, ha solicitado al Parlamento que levanten la inmunidad política a ambas ministras para que puedan ser investigada penalmente.

Los fiscales señalan que Shhaideh, mientras ocupaba el cargo de secretaria de Estado del Ministerio de Desarrollo Regional en 2013, ayudó en el traspaso de un terreno de 324 hectáreas, cerca de un cauce del Danubio, del Estado a la administración local de la provincia de Teleorman para que, en varios días, fuese alquilado ilegalmente por una empresa privada.

La transferencia se efectuó mediante un decreto gubernamental, por lo que infringe la Constitución y la legislación sobre propiedad estatal y aguas nacionales, según la DNA.