El ministro de Justicia de Rumanía, Florin Ioardache, dimitió este jueves tres días después de que el Gobierno socialdemócrata retirara un polémico decreto que despenalizaba ciertos casos de corrupción y que desató la mayor ola de protestas desde la caída del comunismo en 1989.
“Desde que llegué al Ministerio de Justicia, me propuse efectuar todos los trámites legales para remediar una serie de problemas existentes y bastantes sensibles”, declaró el ya exministro de Justicia.
“Así como han visto ustedes, todas las iniciativas asumidas son legales y constitucionales. Los proyectos propuestos se hallaban en debate pública, organizada por el Ministerio de Justicia, y ahora en debate parlamentario. A pesar de todo esto, para la opinión pública no ha sido suficiente, por lo que he decidido adelantar mi dimisión de la función de ministro de Justicia”, prosiguió el ya exresponsable de esta cartera.
Su salida del Gobierno de Sorin Grindeanu significa que regresará a su escaño de diputado, en el que cumple su quinto mandato.
El primer ministro dijo ayer que ya había tomado una decisión sobre la destitución de Ioardache y añadió que la idea de que un tecnócrata lo releve es “muy buena”.
Por su parte, la Fiscalía General de Rumanía instó hoy a la Corte Constitucional a que se pronuncie sobre el polémico decreto por temor a entrar en vigor aunque el Gobierno lo haya derogado.
“Es suficiente que el decreto 14 (de la derogación) sea rechazado por el Parlamento para que el decreto 13 entre en vigor”, señaló la institución judicial en un comunicado de prensa.
Sin embargo, el Parlamento debe aprobar antes el controvertido decreto para que pueda rechazar, luego, el otro que lo retira.
El presidente de la Corte Constitucional, Valer Dorneanu, precisó que la máxima instancia no puede ofrecer ningún veredicto al respecto.
“Tanto por parte de la solicitud del Defensor del Pueblo como del fiscal general, hemos deducido que nosotros deberíamos pronunciarnos sobre la constitucionalidad porque podría que el decreto 14, que derogó el decreto 13, sea a su vez derogado y entonces no sé qué consecuencias se producirían, pero n juzgamos una causa por suposiciones”, explicó Dorneanu.
La Corte Constitucional rehusó hoy, por unanimidad, la solicitud del Defensor del Pueblo, Victor Ciorbea, como inadmisible el polémico decreto argumentando que fue retirada tras la petición y que, por tanto, no existe.
“En lo que se refiere a la ad, según el artículo 29 de la ley de organización de la Corte Constitucional nosotros verificamos decretos en vigor. Por favor, constatad que el decreto 13 (como así se conoce) fue derogado tras la solicitud”, afirmó Valer Dorneanu.
El decreto preveía despenalizar los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros.
En la noche del miércoles, alrededor de 7.000 personas se manfiestaron por noveno día consecutivo ante la sede del Gobierno para reivindicar su dimisión, pero sobre todo mostrarles que están vigilantes en la lucha anticorrupción.
