La ANI informó la semana pasada que había notificado que estaba investigando por presunto conflicto de interés a tres ministros y a un alto funcionario, que llegó a dimitir a principios de esta semana. "Las presiones políticas que hemos sufrido son las más agresivas desde la fundación de ANI", denunció el director de la agencia, Horia Georgescu. "Pretenden acabar con las investigaciones del organismo en curso", criticó.
La ANI, que fue establecida hace cinco años, tras el ingreso de Rumanía en la Unión Europea, ha sido alabada desde Bruselas, aunque muy criticada en el interior del país. Entre la legislatura de 2008 y 2012, informó de que 42 diputados tenían conflicto de intereses por su labor como políticos y sus negocios o habían amasado fortunas de dudosa procedencia.
Desde el viernes, cuando los tres ministros y otros funcionarios fueron notificados de la investigación, miembros de la coalición gubernamental denunciaron que la ANI estaba intentando interferir en las elecciones y estaba tomando decisiones políticas.
La agencia señaló que los investigados tenían dinero de procedencia desconocida o habían trabajado para empresas con las que después mantenían negocios desde sus cargos gubernamentales. Los cuatro ya han anunciado que demandarán a la ANI.
El primer ministro Victor Ponta, cuya Unión Social Liberal (USL) se encuentra a la cabeza en los sondeos para los comicios, ha expulsado al funcionario y ha pedido una explicación a los tres ministros. Anteriormente, otros dos ministros dimitieron por causas similares.
En los últimos siete años, la Fiscalía Anticorrupoción de Rumanía ha acusado oficialmente a 23 diputados y a 15 ministros y viceministros de corrupción. Sin embargo, apenas existe colaboración desde la clase política, ya que a principios de mes el Parlamento votó a favor de que un diputado y exministro de Cultura conservase su escaño a pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo le inhabilitaba para ejercer cualquier cargo público.
"Esto creó el precedente de que es posible que no sean castigados de ninguna forma, a pesar de la decisión del tribunal", explicó Georgescu. "Tengo miedo de que después de las elecciones de diciembre, los avances conseguidos sufran un deterioro, tras las últimas declaraciones de la clase política", precisó.
