El blogueroCarlos Bastéexplica de manera documentada la historia de un proyecto que ha llevado a miles de personas a la calle para protestar contra las políticas del Gobierno rumano y que aún puede estallar en otras manifestaciones.
Con el objetivo de convencer a los habitantes de Roşia Montană, RMGC desplegó una campaña informativa sobre los beneficios del proyecto, cifrados en 2.300 millones de dólares para la economía rumana[1] - una parte de los cuales, lógicamente, se destinarían al presupuesto local -, en 2.300 puestos de trabajo directos durante el período de construcción de la mina y en un total de 3.600 puestos de trabajo, directos e indirectos, durante la operación. RMGC ha empleado el método de mercado para negociar las contrapartidas con los habitantes y las autoridades locales, garantizando la contratación de personal autóctono, la rehabilitación medioambiental de la zona tras finalizar el período de concesión, la recuperación del centro histórico de Roşia Montană e inversiones para el desarrollo turístico de la zona, incluyendo campañas arqueológicas, valorización del patrimonio técnico-industrial, construcción del Museo de la Minería, etc. Las propuestas de RMGC han sido bien recibidas por la mayoría de la población local, que ante las protestas de algunos vecinos y de una buena parte de la sociedad rumana, se ha organizado en la plataforma Sindicatul Viitorul Mineritului (Sindicato para el futuro de la minería) y ha desarrollado una campaña de manifestaciones, encierros y protestas a nivel local titulada Da pentru Roşia Montană(Sí a Roşia Montană).
En el otro extremo, un sinfín de instituciones y grupos de todo el espectro ideológico[2], se han manifestado en contra del proyecto de RMGC, agrupados en torno a la plataforma Salvaţi Roşia Montană(Salvad Roşia Montană), establecida por vecinos de Roşia Montană afectados por los traslados forzosos y la destrucción de inmuebles (casas e incluso alguna iglesia) a los que el proyecto obliga. A pesar de todo, los problemas empezaron para RMGC cuando, a finales de 2004, presentó la documentación para obtener los permisos medioambientales para la ejecución del proyecto y, posteriormente, el estudio de impacto ambiental. Durante años, RMGC no ha conseguido obtener todas las licencias necesarias, viendo como el proyecto se retrasaba en los pasillos del Ministerio de Medio Ambiente mientras la opinión pública tomaba conciencia del problema y el ambiente se enrarecía. A todo ello había contribuido, sin duda, el accidente ocurrido el 30 de enero del año 2000 cuando, tras un período de condiciones climatológicas extremas, se rompió el dique de contención de los residuos mineros de una explotación de oro en Baia Mare y se vertieron 100.000 m3 de barro y aguas residuales contaminadas con cianuro y metales pesados en los canales de desagüe al río Lapus, un afluente del Somes, a través del cual alcanzaron el río Tisza, el curso superior del Danubio a su paso por Belgrado y, finalmente, el Mar Negro. La terrible contaminación transfronteriza tuvo graves consecuencias para la biodiversidad, los ecosistemas fluviales, el abastecimiento de agua potable y las condiciones socioeconómicas de las poblaciones afectadas.
[1] También se han calculado unos beneficios adicionales para la economía rumana de 3.000 millones de dólares en inversión en recursos humanos, construcción, electricidad, materiales, transporte, reactivos, piezas de repuesto y otros.
[2] Paradójicamente, desde pequeños grupos de extrema izquierda hasta la extrema derecha nacionalista, pasando por la Casa Real rumana, la Academia Rumana, las iglesias ortodoxa y católica, ONG, movimientos ecologistas o de protección del patrimonio pero, sobre todo, un elevado número de ciudadanos anónimos, indignados por el devenir político de Rumania.
La plataforma Salvaţi Roşia Montană expone todo tipo de argumentos para frenar el proyecto. De acuerdo con sus postulados, desde un punto de vista jurídico, el proyecto y la declaración de impacto ambiental transgreden varias Directivas europeas y la Convención de Berlín, de 10 de octubre de 2001, que prohíbe el empleo de cianuro en las explotaciones mineras de la UE, además de infringir la Convención Europea de Derechos del Hombre por el modo en que pretenden hacerse los traslados de población. Tecnológicamente, los críticos con el proyecto aducen que, desde 1990, en todo el mundo se han producido más de 30 accidentes graves en explotaciones mineras donde se empleaba cianuro y que, en el 72 % de los casos, se debió a defectos en el dique de contención. En este argumento ha pesado especialmente el accidente de Baia Mare, en el que a pesar de necesitarse 22 permisos distintos relacionados con el medio ambiente y la salud pública, ello no evitó los defectos en el diseño del dique que provocaron el desastre ecológico. La ineficacia de las operaciones de autorización e inspección y la corrupción de las autoridades rumanas son un mal precedente que todavía no se ha resuelto y que hacen presagiar lo peor. Por otro lado, es innegable que la explotación en superficie de minas a cielo abierto provoca una significativa mutilación del paisaje, contaminación del aire y peligrosas vibraciones en el terreno, debidas a las constantes explosiones, que aumentan el riesgo sísmico de la región. También se alerta sobre la posible destrucción del patrimonio arqueológico de Roşia Montană. A pesar de todo, la plataforma no se limita a mantener una actitud exclusivamente defensiva y ha propuesto como alternativa al proyecto la declaración de la zona como parque arqueológico del patrimonio mundial bajo la protección de la UNESCO, alternativa que pretende dar una solución a largo plazo a la pobreza y al elevado paro en la región[1].
En el último año, el Gobierno rumano ha jugado un papel ambiguo y que no ha hecho más que inflamar el conflicto. A pesar de que mientras estuvo en la oposición, el Partido Social-Democrático se opuso al proyecto de RMGC, tras su victoria en las elecciones legislativas de 2012 ha ido modificando su postura hasta convertirse en uno de sus mayores valedores. De este modo, cuando en junio de este año la Comisión de Análisis Técnico del Ministerio de Medio Ambiente parecía carecer de argumentos para dar su conformidad al proyecto, el Gobierno de coalición entre socialistas y liberales impulsó una propuesta de Ley de minería ad hoc para permitir su aprobación y derogar ciertos procedimientos legales que suponían un obstáculo. En respuesta, desde el 1 de septiembre se reproducen por todo el país manifestaciones semanales, cada vez más numerosas, que el pasado día 10 de diciembre consiguieron que la Ley de minería fuese rechazada en el Parlamento al no obtener los votos suficientes para modificar una ley orgánica. Sin duda, la guerra no ha terminado pero la plataforma Salvaţi Roşia Montană ha obtenido una sonora victoria.
Desde mi punto de vista, el propósito de extracción de oro y plata de Roşia Montană es un proyecto cortoplacista que, una vez concluido, no dejará resueltos los problemas endémicos de la zona y que únicamente habrá beneficiado a los accionistas canadienses de RMGC, que se repartirán el 80 % de los beneficios obtenidos, mientras que Rumania apenas obtendrá un 2 %, según lo acordado entre RMGC y el Gobierno rumano[2]. Por otro lado, a nivel técnico, el proyecto tiene unos riesgos medioambientales difíciles de asumir considerando el nivel de incompetencia y corrupción de las autoridades rumanas[3]. La declaración de Roşia Montană como parque arqueológico del patrimonio mundial de la UNESCO es una aspiración realizable que, además de atraer fondos de la UE, podría aumentar el potencial turístico de la región e impulsar nuevas campañas arqueológicas. A pesar de ello, esta propuesta no es incompatible con una explotación minera sostenible de los recursos de la zona, aunque para ello sería necesario realizar un estudio científico bien fundamentado y un programa de aplicación bien pensado y coordinado que involucrase a todas las partes y despejase cualquier duda mediante la incorporación al proyecto de un equipo técnico independiente escogido, por ejemplo, desde las instituciones europeas.
[1] Argumentos y propuestas extraídos de la web de la plataforma Salvaţi Roşia Montană.
[2] Datos obtenidos de la web de Rosia Montana Gold Corporation.
[3] Para muestra, la declaración pública del primer ministro, Victor Ponta, sobre el cobro de comisiones en el marco de este proyecto (aunque afirmó no tener pruebas de ello) o el reciente ingreso en prisión, acusado de corrupción, del director de la Autoridad de Gestión del Plan Operativo Sectorial de Medio Ambiente, Adrian Mandroiu.
