Bucarest criticó ayer al Gobierno francés por la decisión de expulsar a los gitanos rumanos y búlgaros que viven en territorio galo, y le pidió que no utilice esta cuestión en «un marco electoral», ya que Francia celebrará elecciones municipales en marzo de 2014, ni confunda a la opinión pública con el asunto de la integración de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen, publica el diariolarioja.com.
El acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 y entró en vigor 10 años después. Esta alianza, que fue firmada por 26 países europeos, establece un espacio común de libre circulación para sus ciudadanos. Naciones como Francia, Alemania y Holanda se oponen firmemente a que Rumanía y Bulgaria se adhieran al acuerdo, convencidos de que esta decisión provocaría una avalancha de emigrantes rumanos y búlgaros hacia zonas comunitarias con mayor nivel de vida. También temen que ambos Estados balcánicos no tengan suficiente capacidad para controlar sus fronteras del este. Por este motivo diversos países de la UE, entre los cuales está España, restringen la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros en sus territorios.
La decisión del ministro del Interior francés, Manuel Valls, de repatriar a sus lugares de origen a miles de gitanos rumanos y búlgaros que viven en condiciones infrahumanas debe entenderse en este contexto. La medida ha sido criticada por algunos ministros del Gobierno socialista galo y por numerosos colectivos sociales, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding acusa a París de violar los derechos humanos y no respetar las políticas de integración de las minorías sociales en situación de exclusión como los gitanos.
En 2010, Reding se enfrentó al presidente Nicolas Sarkozy cuando su Gobierno adoptó las mismas medidas que el actual titular del Interior galo. En aquel contexto, Rumanía y Bulgaria se sumaron a las críticas europeas contra Francia, y denunciaron el «populismo» y las «reacciones xenófobas» de las autoridades francesas. Esta vez, el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano recuerda a París que «contrariamente a las opiniones que se han publicado en los medios franceses, queremos señalar que no hay ninguna relación entre la integración social de los gitanos y la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen».
La diplomacia rumana señala que «todos los ciudadanos europeos tienen derecho a la libre circulación en la UE, independientemente de la pertenencia o no de un Estado a Schengen». Según dice el sociólogo rumano Mircea Kivu, «Francia utiliza el asunto de los gitanos para desviar la atención de la población, que se enfrenta a graves problemas sociales y económicos, y los convierte en chivos expiatorios».
Posición inamovible
Por el contrario, Francia se agarra al argumento de que Rumanía y Bulgaria no reúnen las condiciones para ratificar el acuerdo de Schengen, para justificar la expulsión de los gitanos. Lo dejó claro esta semana la portavoz del Ejecutivo galo, Najat Vallaud-Belkacem. Bucarest niega el punto de vista galo y advierte a París de que no utilice a los gitanos como tema de campaña para las próximas elecciones municipales. Así se lo hizo saber el primer ministro rumano, Victor Ponta, a su homólogo francés el pasado mes de julio.
En Francia, viven entre 15.000 y 20.000 gitanos rumanos y búlgaros, un número mucho más reducido que en España e Italia. Y, sin embargo, ni Madrid ni Roma han seguido la misma política de expulsiones indiscriminadas puesta en marcha por París.
