Amnistía Internacional, grupo defensor de los derechos humanos, pidió hoy al Gobierno rumano que tome medidas urgentes para poner fin a los desalojos forzados de la etnia gitana de sus casas. “Las lagunas de la ley permiten a las autoridades locales, bajo pretexto de renovación de los centros urbanos, a cazar a las comunidades gitanas establecidas durante mucho tiempo y trasladarlas a viviendas inadecuadas, lejos del resto de la población”, denunció la oenegé en un informe en el que se evidencian casos de expulsión.
“El ejecutivo rumano debe reaccionar de manera urgente para acabar con estas violaciones al derecho a una vivienda digna y cesar con las expulsiones forzadas”, prosiguió.
Amnistía Internacional acusó a las autoridades rumanas de “traicionar” a sus ciudadanos “a través de miles de promesas rotas” y despreciar su derecho a una vivienda digna.
Rumanía cuenta con la mayor población de la etnia gitana de en Rumanía, entre los 619.000 según el censo de 2011 y los 2 millones, según las oenegés.
Esclavos hasta finales del siglo XIX, los gitanos rumanos viven bajo una extrema discriminación y unas condiciones deplorables en el país balcánico.
Amnistía Internacional se centró en varios ejemplos que crearon una gran polémica en los últimos años en las ciudades de Cluj (noroeste) y Baia Mare, (norte).
La oenegé contó la expulsión en 2010 de cientos de romanís en una calle de Cluj hacia una zona industrial de la periferia, cerca de un vertedero, y el desalojo de muchas familias a un combinado químico de la ciudad de Baia Mare.
