El Gobierno rumano pretende transferir el 13 por ciento de las acciones del Puerto Constanza, sin que el estado reciba algo a cambio, cediendo así ante las insistencias del alcalde Radu Mazare, cuyo principal razonamiento es "más dinero para subvenciones mas grandes en Constanza". Dicho de otra manera, el Gobierno renuncia a un bien estratégico de interés nacional e, implícitamente, a unas ganancias para el presupuesto estatal, para que el Ayuntamiento de Constanza pueda cubrir parte de las facturas de sus ciudadanos destinados a la calefacción. Esto bien podría ser solo un pretexto. Los motivos reales solo los podremos conocer después de que el Ayuntamiento de Constanza se convierta en accionista mayoritario y tenga en su poder el control absoluto del puerto. Pero ¿cuanta confianza puede presentar una autoridad local dirigida por un alcalde juzgado por ser acusado de soborno, en el contexto actual de las tensiones cada vez más grandes provocadas por Rusia, muy cerca de las desembocaduras del Danubio?
Mazare hizo publico su interés por obtener el control absoluto del puerto en el año 2012, poco después de que la antigua alianza USL, entre el Partido Nacional Liberal (PNL) y el Partido Socialdemócrata (PSD) subiera al Poder. Aunque hayan existido varios intentos y hasta una iniciativa legislativa, esta transferencia de acciones no se produjo debido a la posición contraria de PNL. Después de la disolución del USL, Radu Mazare volvió con las presiones presentando todo tipo de argumentos fácilmente combatibles y desmontables, pero que lograron convencer al Gobierno para transferir el control del Puerto Constanza del Ministerio de los Transportes al Ayuntamiento de Constanza.
En octubre del 2012, Mazare afirmaba que esto era solo una voluntad política del USL y un acuerdo entre él y el primer ministro, Victor Ponta. En realidad, esta voluntad era solo la de PSD ya que los ministros de Transportes, todos liberales hasta la disolución de USL, se opusieron a una semejante idea. En estos momentos el ministerio esta dirigido por Dan Sova (PSD) y las cosas van en la dirección deseada por Radu Mazare, a lo que se une el apoyo de Ponta.
Las paradojas de Mazare y como éste ataca a su partido y Ponta a su Gobierno
Un motivo invocado por Mazare en favor de la transferencia es que el Puerto Constanza está mal administrado, y una vez en el poder del Ayuntamiento aumentaran las inversiones y el interés. Paradójicamente, con estas afirmaciones, el alcalde Mazare ataca inclusivamente al Gobierno dirigido por el partido del cual él mismo es miembro. Según la lógica de Mazare, gran parte de la culpa la tiene el Gobierno Ponta desde que PSD tiene el poder. Hasta el mismo Víctor Pronta golpea, sin querer, a su propio Gobierno. Hace unos días Víctor Pronta afirmaba lo siguiente: "En Constanza las cosa están muy claras, menos claras están para los que hacen política y tienen intereses privados e ilegales. En Constanza hay un grupo mafioso que fue apoyado por el ex ministro de Transportes y por el actual Presidente Traian Basescu". Otro día el mismo Ponta afirmaba que el Ejecutivo era incapaz de resolver los problemas del Puerto y que confiaba en un desarrollo de este puerto gracias a la Administración Local de Constanza en colaboración con los inversores privados y el Gobierno. No hay nada que impida al primer ministro llevar a cabo este plan. Si desea, tiene el poder de hacer del Puerto de Constanza la zona más limpia y más atractiva para los negocios de Rumanía, ya que el Ministerio de los Transportes posee el 60% de las acciones.
La afirmación sobre el crecimiento de las inversiones y del interés después de que las riendas del puerto lleguen totalmente a las manos de las autoridades locales es poco convencedora. ¿qué puede hacer una autoridad local y no lo pueda hacer el Gobierno mediante el Ministerio del Transporte? No hay que olvidar que la autoridad local ya tenía un 20 % de las acciones, tras una transferencia gratuita del 2008 y que sus inversiones para el Puerto han sido casi inexistentes hasta ahora. En cambio, disfruta de ayudas en valor de casi 6,5 millones de RON en 2011 y 5,3 millones de RON en 2012. Exactamente como el Fondo Proprietatea que igualmente tiene un 20% de las acciones. Como era normal, el accionista mayoritario recibió mucho más: 19,7 millones de RON en 2011 y 16 millones en 2012. En cuanto a la inversiones, fueron realizadas o están a punto de finalizarse varios proyectos mayores financiados por los fondos europeos y la contribución del Ministerio de Transportes que desde 2007 hasta 2013 fue de más de 500 millones de euros. Seguirán las que deben ser preparadas para el periodo de financiación 2014-2020. ¿Que hará el ayuntamiento dirigido por Mazare con estos proyectos? ¿Será él quien se encargará de la cofinanciación o dejará otra vez al Estado encargarse pero sin conservar el control de Puerto?
Además, una cosa muy importante, ¿cuanta confianza puede presentar una autoridad local dirigida por un alcalde con graves problemas de orden penal, siendo acusado por el Departamento Nacional de Anticorrupción (DNA) de haber sido sobornado con 175.000 euros? ¿cuanta confianza y credibilidad presenta el alcalde Mazare y mucho más ahora cuando se anuncian tensiones cada vez mayores muy cerca de las desembocaduras del Danubio, en Ucrania? ¿No sería mejor que el Puerto siguiera como un objetivo estratégico teniendo en cuenta las tensiones existentes entre Ucrania y Rusia?
Que un país entero pague las facturas de Constanza
Mazare afirmó que se muestra atraído por las cuantiosas ganancias que producirían a través de la explotación del puerto y señaló que el dinero obtenido dinero sería utilizado para la subvención de la energía térmica consumida por los ciudadanos de Constanza. Dicho de otra manera, el Gobierno renuncia a un bien nacional e, implícitamente, a una fuente de dinero para el presupuesto del Estado, para que el alcalde de Constanza tenga con que subvencionar la energía térmica utilizada por una sola ciudad. Mazare empezó también una campaña para la recogida de firmas para observar si los habitantes de Constanza están de acuerdo con este traspaso de las acciones del puerto en manos del Ayuntamiento. Una acción en gran parte para la imagen del alcalde ya que sería un poco raro que los ciudadanos se opusieran a este tramite y mucho menos ahora cuando el alcalde les prometió la subvención de la energía térmica. Seguro que ellos no rechazarían facturas más bajas para el calentamiento. Prácticamente es una campaña sin valor alguno indiferentemente de cuántas personas firmen a favor de la transferencia.
¿Cómo se propone Mazare aumentar los beneficios? Piensa en el aumento del precio de los alquileres en el puerto. Dice que los operadores del puerto, los grandes, los millonarios del puerto pagan unas tasas muy bajas al Estado, pagan con los precios de hace 20 años, un 0,02 dólares por metro cuadrado. Suponiendo que es cierto esto, ¿qué es lo que impide al Ministerio cambiar esta situación? ¿Por qué donar este importante paquete de acciones cuando el mismo Estado puede llevar a cabo estos cambios como accionista mayoritario? Pero si se aumentan los precios ¿no sería más probable que los operadores renuncien a sus negocios del Puerto de Constanza y se fijen en otras zonas?
¿Cómo alcanzará el control absoluto el Ayuntamiento de Constanza?
¿Y por qué desearía Mazare obtener un 13% más de las acciones cuando ya tiene un 20%? Recibe dividendos sin implicarse en las inversiones del puerto, y desde el punto de vista social, los ciudadanos de Constanza ya disfrutan de ayudas económicas por los puestos de trabajo existentes. La explicación es que de esta manera el Ayuntamiento de Constanza disfrutaría también del mando de la Compañía Nacional de la Administración de los Puertos Marítimos de Constanza. Además es muy posible que el Ayuntamiento llegue a ser accionista mayoritario. Tras la transferencia del 13% de las acciones, el Ministerio de Transportes se quedara con un 47%, el Ayuntamiento de Constanza con un 33% y el Fondo Proprietatea con 20%. A partir de ese momento, todas las decisiones sobre el puerto estarán en manos de Radu Mazare.
¿Cuán ilegal sería la firma de una Decisión de Gobierno? ¿y cuán constitucional sería la adopción de un proyecto de Ley?
La Oposición considera ilegal la transferencia gratuita del 13% de las acciones. Ponta fue advertido de que podría llegar a prisión si firmara el proyecto de Decisión del Gobierno tal y como ha sido elaborado. "El primer ministro, el ministro Dan Sova y el alcalde Mazare están preparando un robo en el Puerto de Constanza. La Decisión de Gobierno está preparada y tiene avisos negativos de todas las direcciones del Ministerio de Transportes. Si la firma, Victor Pronta irá a la cárcel", afirmó Catalin Predoiu, el primero-vicepresidente de Partido Demócrata Liberal (PDL). Con esta firma se desobedecería la Ley de privatizaciones (OUG 88/1997), agrega.
La única manera de disminuir la participación del Estado en una compañía es la de vender las acciones y aumentar el capital social mediante el aporte de capital privado. La transferencia con título de gratuita solo sería posible en el caso de tramites de carácter social. La firma de una semejante decisión es por tanto ilegal. Pero existe una oportunidad que depende del Parlamento; por una iniciativa parlamentaria éste puede adoptar otros métodos de privatización, es decir, la transferencia gratuita de acciones. El Parlamento ya hizo en 2008 un cambio similar adoptando la ley 216 por la cual permitió la transferencia gratuita de un 20% de las acciones que tenía el Estado en el Puerto Constanza en favor de la misma autoridad local.
Ponta tendrá que renunciar a esta firma y esperar su aprobación en un debate entre las dos Cámaras del Parlamento, un proyecto de ley que ya ha sido tomado en cálculo. Aquí también pueden haber problemas, pero no será la Oposición quien los pondrá sino el hecho de no ser constitucional, como ya pasó en el caso de Rompetrol. Os recordamos que el año pasado el Gobierno dejó en manos del Parlamento la aprobación del memorándum mediante el cual se libraba al accionista mayoritario de Rompetrol, KazMunaiGaz, del pago de 400 millones de dólares de los 600 que le debía al Estado Rumano. El proyecto fue aprobado por el Parlamento, pero contestado por el Tribunal Constitucional que lo declaró inconstitucional. Uno de los motivos fue que el Parlamento no puede adoptar leyes de carácter individual y que no estén concebidas para su aplicación en un número determinado de casos concretos. Esto es lo que nos enseña el Tribunal Constitucional en su motivación por la decisión sobre el caso Rompetrol, emitida a finales del 2013. Prácticamente se levanta el problema de la constitucionalidad mientras la ley se quiere aplicar para una sola compañía.
En estas condiciones, la Ley 216/2008 mediante el cual se aprobó la primera transferencia de acciones del Ministerio de Transportes al Ayuntamiento de Constanza podría ser discutida. ¿Qué podría hacer el Parlamento en este caso? Podría, por ejemplo, adoptar un proyecto de ley mediante el cual permitir la transferencia gratuita de acciones para varios casos. Pero, con una decisión como ésta, el Estado podría desencadenar una serie de abusos y después del caso del Puerto Constanza vendrían muchos más.
