El pasado 4 de marzo el Tribunal de Apelación de Bucarest ratificó las sentencias dictadas en primera instancia en noviembre de 2012 sobre el conocido caso de los expedientes de traspasos de jugadores de fútbol entre 1999 y 2005. El fallo judicial condenaba entre otros al ex futbolista barcelonista Gica Popescu por extorsión, evasión fiscal y blanqueo de dinero a 3 años, un mes y diez días de prisión y la confiscación de 1.075.000 dólares.
Desde entonces, son múltiples las voces que han solicitado el indulto. Iniciativas como la lanzada en internet por el diputado de UNPR Constantin Popa ha recogido en una semana más de 21.000 firmas en favor del indulto. El señor Popa considera que “los rumanos estamos en deuda con Gica Popescu por sus logros deportivos”. De la misma opinión es el presidente de la Cámara de Diputados Valeriu Zgonea: “La justicia no tiene un componente social. Gica Popescu es un símbolo de Rumanía”.
No obstante, el indulto no debe ser en ningún caso un mecanismo de abolición de una decisión judicial definitiva. El indulto no hace justicia, es un acto de misericordia acordado según ciertas circunstancias.
El Tribunal Constitucional estableció en 2003 que el jefe de Estado del país puede indultar por “razones humanitarias, surgidas de circunstancias excepcionales en las que se encuentre el condenado que haya cometido el delito”. Esas circunstancias se deberían a la edad del condenado, precaria salud o condena tardía (como por ejemplo cuando un reo es condenado por unos hechos cometidos años atrás –siempre excluyendo los delitos violentos- bajo los efectos de las drogas y pasado el tiempo se demuestra que se ha rehabilitado y está reinsertado en la sociedad). Estas circunstancias excepcionales explican que sólo el 0,1% de las solicitudes de indulto tengan resolución positiva.
Un aspecto interesante desde el punto de vista sociológico es cómo este tipo de delitos –evasión fiscal o lavado de dinero- no son percibidos por la sociedad como graves. Rumanía formaría de este modo parte de países latinos como Grecia, Italia o la propia España donde el Estado se percibe como un ente sin propietario alguno, a diferencia de los países nórdicos donde se concibe como propiedad de todos.
En la mayoría de los países de la OCDE –también en Rumanía- para solicitar un indulto el condenado en firme debe reconocer el delito, mostrar arrepentimiento por el mismo y contribuir si ello fuera posible a la subsanación, restitución o reparación. El Tribunal de Apelación acordó la confiscación de 1.075.000 dólares de las cuentas del señor Gheorghe Popescu para reparar el daño causado al Estado rumano, pero aún está por demostrar el reconocimiento del delito y el arrepentimiento del condenado; en una entrevista a Antena 3 poco antes de conocer la sentencia definitiva el mismo Gica Popescu afirmaba: “Soy inocente. Todo lo que he construido en 20 años de sacrificios, en un solo día, se ha derrumbado. Tengo momentos en los que deseo subir al tejado de casa y gritar. Son momentos de impotencia”.
El primer ministro Ponta tiene una difícil papeleta. Sabe que jurídicamente sería improcedente solicitar el indulto al Presidente Basescu, pero tiene miedo que esta ola de solidaridad ciudadana con Popescu le haga perder votos. Por ello decidió pasarle la patata caliente a Basescu al anunciar: “Como primer ministro no me puedo pronunciar. Como simple ciudadano de Rumanía, por supuesto que apoyo la petición de indulto”.
Se comienzan a oír rumores que sugieren que Basescu accederá a conceder el indulto, tras pedir los correspondientes informes al Ministerio de Justicia, poco antes de la finalización de su mandato, siguiendo el ejemplo de otros indultos controvertidos como el concedido por Ion Iliescu a Miron Cozma también a finales de su mandato, en diciembre de 2004.
