El Gobierno rumano recortará las ayudas a las energías renovables para intentar bajar el precio de las facturas, una decisión que amenaza a una industria en pleno auge tras atraer miles de millones de euros de inversión, explican los expertos. Según un decreto de urgencia adoptado el martes, el Ejecutivo de centroizquierda suspenderá hasta el 2017 o 2018 el 50% de los “certificados verdes” atribuidos hasta ahora a los productores de energía eólica y solar, así como a las microcentrales hidroeléctricas para estimular la energía limpia.

Esta norma, que entrará en vigor el 1 de julio, puede causar pérdidas de cientos de millones de euros a los productores, según los analistas.

“Hace falta encontrar una solución de equilibrio que permita a los que inviertan en las energías renovables tener beneficios, sin que se penalicen a los otros sectores y a los consumidores”, explicó el primer ministro, Victor Ponta, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Según la ministra delegada de Energía, Constantin Nita, “el esquema actual de apoyo a los productores de energías renovables es la más generosa de toda la Unión Europea y por eso ha tenido un impacto negativo sobre los consumidores”.

Por su parte, los consumidores industriales “no están de acuerdo en contribuir para el bien de los productores de energía renovables” y varios entre ellos, como ArcelorMittal y la empresa de aluminio Alro, del grupo ruso Vimetco, “amenazaron con abandonar Rumanía”.

Para el presidente de la Asociación rumana de Energía Eólica (RWEA), Ionel David, la adopción de este texto “marca el fin de un bonito sueño y de una industria puntera” que ha atraído desde 2010 inversiones de tres mil millones de euros.

Visto como Eldorado por la producción eólica por su posición privilegiada en cuanto al viento en Europa, Rumanía dispone de un potencial de 14.000 megavatios, según varios estudios.

La capacidad instalada hasta ahora asciende a los 2.100 MW, de los que la mitad se pusieron en marcha en 2012.

“Eso significa que se ha puesto en marcha una nueva turbina por día”, indicó David.

Los debates alrededor de un nuevo decreto “afectaron el entusiasmo de los inversores”, por los que algunos renunciarán a sus proyectos en Rumanía.

El grupo alemán E.ON, que planeaba poner en marcha un parque eólico de una capacidad de 120 MW en el este del país, ya ha anunciado que renunciaría si la legislación se modifica.

El Gobierno apoya que esta medida no afectará el objetivo de 2020 de un consumo alimentado hasta el 24% por las energías renovables.

“Este decreto se enfrenta a los principios fundamentales europeos en los que concierne a la estabilidad y a la transparencia legislativa”, prcisó el presidente de la Asociación de la Energía Solar (RPIA), Ciprian Glodeanu, quien destacó que Bucarest no puede modificar la legislación sin que lo apruebe la Comisión Europea.

La capacidad instalada de los parques solares, en alza en los dos últimos años, se eleva actualmente hasta los 200 MW y debería alcanzar los 450 MW a finales del 2013.

Según Glodeanu, “las energías convencionales y renovables deben desarrollarse en paralelo”.

Expertos de energía del grupo de reflexión Forum Expert, Otilia Nutu, revela que el número de certificados verdes otorgados a los productores de energía limpia “ha sido exagerado desde el principio”.

Sin embargo, Otilia lamenta que no se haya hecho un estudio de impacto sobre el cambio de la ley.

La adopción de este texto se ha aprobado mientras que el Gobierno Ponta se ha declarado a favor de la exploración y explotación del gas de esquisto, peses a la controversia por su método de extracción, la fracturación hidráulica y a la oposición de comunidades locales.

El país balcánico planea también explotar la zona del Mar Negro.