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La Cámara de los Diputados de Rumania adopta las dos últimas leyes de la polémica reforma de la Justicia

de Redacción     HotNews.ro
Miercuri, 13 decembrie 2017, 21:28 Espanol - politica

Florin Iordache si Liviu Dragnea
Foto: AGERPRES
La Cámara Baja del Parlamento de Rumanía, que está controlada por el gobernante Partido Social Demócrata (PSD), adoptó hoy las dos últimas leyes de las tres del polémico paquete de reforma de la Justicia, entre las que se prevé la creación de una sección especial que investigue a los magistrados. Los legisladores sacaron adelante la primera ley con 177 votos a favor y 79 en contra de 329 diputados, mientras que la segunda ley obtuvo 177 votos frente a 78 en contra, haciendo caso omiso a los 16.000 manifestantes que salieron el pasado domingo en varias ciudades del país para protestar contra los cambios del poder judicial.

Florin Iordache, el exministro de Justicia que dimitió tras la ola de protestas más importante desde la caída del comunismo en 1989 por un decreto ley que suavizaba la lucha contra la corrupción que se retiró al final, fue el encargado de dirigir la Comisión Especial del Parlamento que ha debatido las modificaciones de las leyes sobre la justicia. “Deseamos una justicia independiente y, por eso, hemos hecho esta comisión especial que, a través del debate en el Parlamento, hablemos de los problemas que se enfrenta la justicia y, tras escuchar a los interesados, podamos decidir”, afirmó Iordache.  

La reforma judicial deberá ser aprobada por el Senado -que podría ser la próxima semana- y, después, promulgada por el presidente Klaus Iohannis, quien tiene el derecho a rechazarla y reenviarla al Parlamento, aunque está obligado a hacerlo tal como venga el texto tras la segunda revisión. En la primera ley aprobada el pasado lunes, los legisladores modificaron la supervisión de los magistrados, una medida criticada por amenazar supuestamente la independencia de la justicia.

La nueva norma incluye cambios en la inspección judicial sobre la conducta de los jueces y en la elección de los fiscales, en la que el presidente ya no gozaría del derecho a veto de los candidatos. Además, el proyecto de ley se refiere a la obligación del Ministerio de Finanzas de recuperar cualquier pérdida provocada por un error judicial, lo que podría condicionar cualquier dictamen judicial.




















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