En la última semana la atención pública y mediática rumana ha estado centrada en el nuevo decreto Ley emitido por el Gobierno rumano. La aprobación de esta norma ha dado lugar a una serie de protestas ciudadanas y reacciones políticas ya que llega apenas unos meses antes del inicio de las elecciones presidenciales, escribe Talía Delgado en el portal Hispatriados.
El Decreto Ley, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, modifica algunos artículos de la Ley 393/2004 sobre el Estatuto de los Cargos Electos Locales. Dichas modificaciones contemplan que a partir de ahora alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, concejales y los candidatos declarados suplentes puedan en un plazo de 45 días, hasta mediados de octubre a dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, expresar por escrito a qué partido político quieren pertenecer sin correr el riesgo de perder su función.
Hace 8 años antes de que se aprobara la Ley 249/2006, conocida como la Ley Antitrásfugas, promulgada justamente para impedir la migración política de los representantes locales, los cargos locales electos tuvieron también un plazo de 45 días para elegir definitivamente el partido al que querían pertenecer. Transcurrido dicho plazo aquellos que quisieran representar a otro partido debían dimitir y presentarse de nuevo como candidatos en las listas de la formación política elegida. La principal diferencia que el Decreto introduce es que les permite cambiar de partido sin perder su cargo.
El gobierno justifica la recién aprobada norma aduciendo las graves dificultades que existen en las administraciones locales para constituir mayorías tras la ruptura de la coalición gubernamental USL (Unión Social Liberal) integrada por el Partido Social Demócrata del primer ministro Victor Ponta y el Partido Nacional Liberal. Dicha coalición arrasó en las elecciones locales de junio del 2012 obteniendo más del 50% de los votos frente al casi 20 % obtenido por el partido de la oposición, el Partido Demócrata Liberal (PDL).
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