El Gobierno rumano ha adoptado este jueves un decreto de urgencia que suspende durante 45 la aplicación de una ley que prohíbe a los representantes locales elegidos a cambiarse de partido político, lo que ha provocado una oleada de protestas por parte de la oposición conservadora y de Washington.
La aprobación de este decreto se produce dos meses antes de las elecciones presidenciales, de las que el primer ministro Victor Ponta es el gran favorito.
“Debemos bloquear la actividad de las administraciones locales”, declaró Ponta en la sesión de Gobierno.
Según el Gobierno, el funcionamiento de los Consejos Locales está bloqueado tras la ruptura en primavera de la Unión Social Liberal (USL), que ganó las elecciones legislativas de 2012.
Los liberales abandonaron la coalición con los socialdemócratas (PSD) y se aliaron con el Partido Demócrata Liberal (PDL).
Los representantes políticos elegidos que estén descontentos con esta nueva alianza podrán inscribirse en otra formación política que “represente mejor sus opciones”.
La oposición conservadora denunció que este decreto, que volverá a ser prohibido después de 45 días, se trata de una “tentativa del PSD de acaparar el poder”.
Alegaron que pretenden comprar a los políticos prometiéndoles fondos para financiar sus proyectos locales.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bucarest expresó la “inquietud del momento elegido” por la adopción de este texto, al subrayar que estas cuestiones complejas deber hacerse de manera transparente en el Parlamento.
Los liberales y demócratas liberales anunciaron que recurrirán ante la justicia y el Abogado del Pueblo (Ombudsman), la única autoridad según la ley que puede contestar un decreto de urgencia ante el Tribunal Constitucional.
