El Tribunal Constitucional de Rumanía (CCR) declaró hoy inconstitucional la reforma del código penal que blinda a los cargos electos respecto a posibles sanciones por corrupción, una medida que ha sido criticada duramente por la Unión Europea y Estados Unidos.
El Parlamento rumano, con mayoría absoluta de la coalición de centroizquierda del primer ministro Victor Ponta, aprobó en diciembre las enmiendas que establecían que el presidente de la República, los diputados y senadores ya no son considerados empleados públicos.
De esta manera, el poder judicial y el Departamento Antiocorrupción no podrían actuar contra ellos en casos de conflicto de intereses.
El Constitucional ha estimado que estas enmiendas violan las disposiciones de la Constitución sobre el Estado de Derecho y sobre aquellas que consagran el principio de "igualdad de derechos".
Estas modificaciones generaron tal polémica en Rumanía que tanto la prensa local como las instituciones judiciales llegaron a denunciar "un día negro" para la lucha contra la corrupción.
Mientras que Bucarest se halla bajo una estricta vigilancia por parte de Bruselas para reforzar la lucha contra el abuso de poder, la Comisión Europea ha señalado que esta reforma del código penal aparecerá en el próximo informe sobre el Estado de Derecho que se dará a conocer a finales de enero.
Por su parte, Ponta pidió que las enmiendas vuelvan a debatirse después de que se conozcan las conclusiones de una Comisión Especial, que tiene como fecha límite el 1 de febrero.
El Gobierno alegó que el Ministerio de Justicia no había consultado las modificaciones introducidas en una reunión secreta y votadas cuando Ponta asistía a la ceremonia de homenaje por la muerte de Nelson Mandela en Sudáfrica.
La reforma del Código Penal beneficia también a los abogados o a otros profesionales liberales, que tampoco serían investigados ni sancionados por delitos de corrupción.
El presidente de centro derecha Traian Basescu había anunciado que devolvería las enmiendas al Parlamento.
La justicia rumana ha demostrado sus avances en los últimos años: un antiguo primer ministro y varios ministros reconocidos culpables de corrupción han sido condenados a cárcel.
