Un enmienda adoptada ayer por la Cámara de Diputados rumana que exime a los cargos electos y al presidente de posibles sanciones por corrupción ha levantado duras críticas por parte de la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo Superior de la Magistratura y el jefe de Estado, Traian Basescu. En virtud de una enmienda al Código Penal aprobada por sorpresa por la cámara baja, donde la coalición de centroizquierda tiene una cómoda mayoría, "el presidente de la República, diputados y senadores" ya no son considerados funcionarios públicos.
De esta manera, estas personas "ya no pueden ser procesados y castigados por delitos de corrupción o similares, incluidos el soborno, el cohecho y el abuso de poder cometidos durante el ejercicio de sus funciones", señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Según la institución que lucha contra la lacra de la corrupción, hay 28 parlamentarios que están siendo juzgados o están cumpliendo penas de prisión por corrupción.
La DNA subraya que esta modificación en la legislación rumana “entrará en contradicción con las convenciones internacionales anticorrupción ratificadas por Rumanía”.
El presidente Traian Basescu calificó estas enmiendas como “dramáticas” y añadió que “destruyen diez años de trabajo de las instituciones de anticorrupción”, como el DNA y la Agencia Nacional de Integridad (ANI).
Precisamente, el presidente de la ANI, Horia Georgescu, escribió en una red social que “se creará una superinmunidad” y que el “historial de casos” de la institución que dirije “se tirarán al aire 25 casos de senadores y diputados”.
Por su parte, el Consejo de Magistratura subrayó que no había sido informado ni consultado sobre las nuevas enmiendas y consideró de inadmisible que el presidente y los cargos electos “sean prácticamente eximidos de toda responsabilidad penal” por infracciones imputables a los funcionarios.
Estas modificaciones se aprobaron horas después de una tentativa de los diputados de adoptar un proyecto de ley que prevé una amnistía a los detenidos condenados a penas de cárcel inferiores o iguales a seis años y que habría supuesto la liberación de políticos condenados por corrupción.
A principios de año, el Parlamento decidió modificar por contundente mayoría el estatuto por el que se rigen y así robustecer su inmunidad ante la justicia al exigir a la fiscalía que solicite a la Cámara permiso para detener, registrar o arrestar a un parlamentario,
La Unión Europea vigila de cerca a Bucarest para que refuerce su lucha contra la corrupción y reforme el sistema judicial.
