En Rumania los candidatos a la presidencia no se andan con rodeos. Puesto que la corrupción y el robo se asume como algo inevitable entre la clase política rumana, lo más normal es que su grito de guerra para ganarse el favor de la ciudadanía sea: «Yo robo menos que los demás». Con este extraño eslogan el candidato ecologista trata de convencer a sus electores para votar por él en las elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo 9 de diciembre, relata ABC.
«Si yo dijera que no robo, la gente no me creería», explicó Gabriel Raduna, aspirante al cargo de diputado en Iasi en el noreste del país. Un golpe de efecto publicitario en un país donde la inmunidad parlamentaria se ve como un escudo natural contra las demandas judiciales», lamenta el ex ministro de Justicia, Catalin Predoiu.
Según un comunicado del Instituto de políticas Públicas (IPP), cerca de diez parlamentarios que están actualmente mezclados en casos de corrupción se presentaran a las elecciones.
Hasta 22 de ellos han sido declarados culpables y por «conflicto de intereses» no podrán acceder a un cargo público según cuenta la Agencia Nacional de Anticorrupción (ANI).
La Alianza por una Rumania limpia (ARC), una coalición de ONG's militando por una «moralización de la vida política muestran en una página Web los casos de nepotismo, de candidatos ya condenados por corrupción o de antiguos colaboradores de la policía política «Securitate».
El líder del tercer partido según los sondeos, Dan Diaconescu no teme presentarse como «un campeón contra la lucha anticorrupción, pese a que él mismo esté siendo acusado y juzgado por ser sospechoso de corrupción.
Las dos coaliciones que concurren a las elecciones, la Unión Social-Liberal (USL, de centroizquierda) y la Alianza Rumana de Derechas (ARD, de centroderecha) han sido salpicadas por escándalos en plena campaña.
Alin Trasculescu, diputado y candidato de ARD ha sido acusado por la coalición anticorrupción (DNA) de haber solicitado 350.000 euros a un empresario, prometiéndole a cambio un contrato con el Estado. Trasculescu ha sido excluido de la ARD.
Unos días más tarde fue Ion Stan, diputado por la USL, quien se ha visto frente a la justicia por lo mismo. La USL desató la cólera de las ONG's al acoger en sus listas a Gigi Becali, controvertido presidente del club de fútbol, «Steaua Bucarest», acusado de corrupción, racismo y sexismo.
Uno de los copresidentes de la USL, Crin Antonescu, ha dicho que desea que un candidato juzgado por un asunto de corrupción, Relu Fenechiu, sea ministro del próximo Gobierno.
Interrogado por la agencia France Press, sobre si nombraría ministro a alguien mezclado en un caso de corrupción si ganaba, contrariamente a las recomendaciones de la Unión Europea respondió; «Toda persona que esté en estos momentos siendo investigada por la justicia o con responsabilidad penal tomará sola la decisión más inteligente y seguro que preferirá no hacer vulnerable al partido con su acción».
«Nuestro partido es intransigente cuando un hombre ha recibido un veredicto definitivo de la justicia, defendemos la presunción de inocencia», ha asegurado.
«El partido está muy lejos de ser un modelo a seguir en cuestiones de integridad», ha asegurado la profesora de ciencias políticas de la Hertie School de Berlín, Alina Mungiu Pippidi.
Las ONG's creen que más que aumentar la lucha contra la corrupción lo que hace falta en Rumania es «un cambio de mentalidad».
Incluso varios ex ministros y hasta el ex primer ministro socialdemócrata, Adrian Nastase, han acabado recientemente entre rejas.
«Hay una responsabilidad de los electores. Ellos no hacen pagar a sus políticos por sus actos y piensan en cierto modo que la corrupción puede beneficiar a su localidad», lamenta la profesora.
