Mientras cientos de miles de rumanos no reciben ayudas por discapacidad a las que deberían tener derecho y el acceso al mundo laboral es ínfimo en comparación con la media europea, se multiplican los fraudes de personas que sí reciben ayudas debido a la corrupción administrativa.
Oficialmente, las autoridades rumanas declaran que en Rumanía existen 715.000 personas con algún tipo de discapacidad, menos de un 4% de la población total. La media de la Unión Europea es de más de un 10%.
El escaso número de personas oficialmente con discapacidad no se debe por tanto a una hipotética buena salud de la población, sino que es el resultado de unas aplicaciones excesivamente rigurosas de las disposiciones legales para acceder a pensiones de discapacidad por parte de los organismos oficiales.
Rumanía institucionalizó el sistema de asistencia para personas con discapacidad y posee una Agencia que coordina las actividades y los presupuestos destinados a este capítulo, pero su funcionamiento deja mucho que desear.
Mientras cientos de miles de rumanos quedan fuera de coberturas que deberían tener el derecho de recibir, la sempiterna corrupción en la administración hace que existan múltiples casos de personas que no deberían percibir ayudas y sí lo hacen. Es el caso de un pueblo de Bihor, donde en 2010 el Ministerio de Trabajo realizó un control sorpresa sobre la Dirección General de Asistencia Social y Protección de la Infancia (DGASPC en sus siglas en rumano) y constataron con estupor que toda la población del pueblo poseía pensiones de discapacidad.
La Comisión Europea se lamenta del escaso porcentaje de personas con discapacidad que están incorporadas al mundo laboral, menos de un 50% en el conjunto de la UE-28. En el caso de Rumanía la situación es si cabe aún más dramática, pues el número de empleados con discapacidad apenas llega al 11%, cinco veces menos que la media europea.
La Unión Europea firmó el Convenio de las Naciones Unidas respecto a los derechos de las personas con discapacidad. El Convenio tiene el objetivo de garantizar para las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de conciudadanos. Rumanía firmó el Convenio en septiembre de 2007 y lo ratificó en noviembre de 2010, pero queda por ver si el gobierno rumano pasa de las declaraciones a los hechos.
