El contenido de la nueva normativa sobre adquisiciones públicas trae buenas y no tan buenas noticias para las autoridades contratantes de Rumanía.La primera ventaja sería la reducción del plazo entre la fecha de publicación del anuncio de participación y la fecha de presentación de las ofertas, de 52 a 35 días, para las subastas convocadas con un valor superior a los mínimos establecidos para acceder a determinados fondos europeos, informó el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una noticia de la revista Capital.

Otros elementos importantes son:

-la posibilidad de consultar en el mercado antes de iniciar los procedimientos de adquisición y

-la exclusión en nuevas licitaciones a ofertantes que, en un contrato público anterior, hubieran

incumplido de forma grave o reiterada las obligaciones que les correspondían, (medida que tiene por intención contribuir a “disciplinar” a las empresas), tal como se recoge en la edición para el periodo del 23 al 29 de mayo de la revista Capital.

En el paquete de leyes está prevista también reducir la burocracia. Los licitantes sólo tendrán que incluir en su oferta una declaración de cumplimiento de los criterios de calificación y sólo el que quede en primer lugar deberá presentar la documentación necesaria para acreditarlo. De esta manera se reducirá el tiempo necesario para verificar los documentos de los ofertantes.

Se está considerando también la creación de un sistema de certificación destinado a los procedimientos de adquisición pública para los proyectos de infraestructura de transporte transeuropeo con el fin de agilizar la precalificación de las empresas que cumplan con todos los criterios de calificación y selección.

El paquete de leyes, introducirá un nuevo criterio de adjudicación de los contratos (la mejor relación calidad/precio) así como:

- la posibilidad de que la autoridad contratante pague directamente a los subcontratistas si los adjudicatarios no cumplen con sus obligaciones de pago;

- Reemplazar el sistema de petición de ofertas (procedimiento nacional que se aplica a contratos por debajo del umbral europeo) por uno de oferta simplificada que se puede desarrollar en varias etapas, incluida una fase de negociación;

-La posibilidad de modificar los contratos sin desarrollar unos procedimientos nuevos de adquisición;

-La obligación de desarrollar los procedimientos de adquisición a través de medios exclusivamente electrónicos a partir del 2018, lo que llevará a una mayor transparencia en el uso de los fondos públicos.