Las conservas y muchos otros productos de la cesta diaria en Rumanía se encarecerán en un futuro cercano a causa de sus embalajes contaminantes. Los años de restraso en los que el gobierno rumano no ha intervenido pasan ahora factura. Los operadores que recibieron dinero para encargarse del reciclado no fueron controlados durante mucho tiempo por el Fondo de Medio Ambiente (entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente rumano) y, según estiman los fiscales anticorrupción (DNA), el fraude acumulado supera los 50 millones de euros, publicó el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una información de Capital.
Los fabricantes rumanos prefirieon externalizar su obligación de reciclar hasta un 60% de los embalajes puestos en el mercado, pero este reciclaje no se produjo y deberán asumir multas. Ahora, amenazados por la insolvencia, los fabricantes rumanos depositan su última esperanza en Dacian Cioloș (el primer ministro de Rumanía), tras haber sido rechazados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Previamente, tras la inspección anual realizada por la Administración del Fondo de Medio Ambiente (AFM a las entidades que asumieron la responsabilidad del reciclaje de residuos de embalajes, que finalizó el pasado septiembre, 6 de las 10 entidades autorizadas a reciclar los residuos procedentes de embalajes fueron multadas. Las multas superaron la facturación anual de estas entidades.
Según el consultor fiscal Adrian Bența,este fraude en el reciclaje ya se conocía, pero después de estas multas „ahora los costes se vuelven transparentes, ya que nadie puede permitirse nuevas estafas. Hay que reciclar y esto cuesta.” Ahora, continua Adrian Bența, las organizaciones que asumen la responsabilidad en éste ámbito reconocen que no pueden alcanzar la cantidad de reciclaje para la que habían sido contratadas, y que tienen capacidad solo para el 10% de lo previsto. Además, el coste real del reciclaje es bastante superior al precio que habían solicitado estas organizaciones en los últimos años, de manera que, incluso para las cantidades inferiores que están negociando asumir finalmente, el precio ha crecido. En palabras de Emil Dumitru, presidente de la Federación nacional de los Productores de Agricultura, Industria alimentaria y Servicios Conexos – PRO AGRO, recogidas en la edición del 25 al 31 de enero de 2016 de la revista semanal Capital, “los operadores del sector agroalimentario que han formalizado contratos de reciclaje de embalajes con empresas de la lista publicada en la web de la Administración del Fondo de Medio Ambiente pagaban una tasa media de aproximadamente 65 leus/tonelada (nr 14,4 euros). Al no poder acudir a las empresas de reciclaje, nuestros socios tendrán que pagar una tasa de medio ambiente de más de 2.000 leus/tonelada (nr 442,4 euros), lo que implica la duplicación de los costes de recipientes que repercuten en aumentos de costes de aproximadamente un 30% por unidad de producto”.
Además, según la Ley no 249/2015, si las organizaciones que asuman la responsabilidad en el ámbito de residuos no cumplen sus obligaciones, los fabricantes e importadores que tienen contratos con estas entidades están obligados a pagar la contribución al fondo de medio ambiente para aquellos residuos de embalajes que no han sido reciclados. Iulius David, el director general de la empresa Sultan, advierte que los fabricantes y los importadores no están dispuestos a pagar “la tasa multa”, puesto que habían cumplido con sus obligaciones de reciclaje al contratarlas con las organizaciones que teóricamente asumían toda la responsabilidad en el ámbito de residuos.
Si no se consigue ninguna de las reivindicaciones de los fabricantes rumanos: la disminución de la tasa al fondo de medio ambiente por los residuos procedentes de embalajes y la eliminación de las multas por las irregularidades del pasado, los fabricantes rumanos amenazan con la quiebra.
