El borrador de ley sobre “la dación en pago” ha pasado sin ninguna objeción por el Parlamento, aunque los representantes de los bancos han solicitado varias enmiendas para definir muy claramente el carácter social de la medida, informó el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una información de la revista Capital.
Las pérdidas estimadas por el Banco Nacional de Rumanía (BNR) para el conjunto del sistema bancario por la aplicación de este texto ascienden a entre 2 y 4 mil millones de leus, con el riesgo de que al menos un banco entre en quiebra. Estas cantidades se convertirán en costes adicionales para los clientes que soliciten hipotecas. Un efecto inmediato sería aumentar el pago al contado solicitado del 20% al 50 % del valor del inmueble.
La Asociación de los Bancos de Rumanía (ARB), en un comunicado de prensa, expresa su preocupación sobre cómo el Parlamento de este país ha aprobado la ley y expresa su preocupación por los efectos de la misma: “Esta ley va a tener también, mediante la restricción del acceso al crédito, un impacto negativo sobre los promotores inmobiliarios (...). En su opinión introduce riesgos sistémicos en el sector bancario de Rumanía, afectando a la estabilidad financiera del mismo y a la solvencia de los bancos, con posibles consecuencias para los depositantes. Además, el comunicado de la ARB afirma que esta ley tiene un impacto directo sobre el presupuesto del Estado a través del programa Prima Casa, garantizado por el fondo estatal FNGCIMM en proporción de 50%.
El abogado Gheorghe Piperea opina que la ley está dirigida especialmente a los casos que están ahora en ejecución forzosa, en los cuales el procedimiento se suspende. Incluso aquellos a quienes los bancos ya les han ejecutado el inmueble podrían beneficiarse de las disposiciones relativas a la deuda que no se ha cubierto con la venta forzosa del inmueble pero deben llevar el banco a juicio para ser liberados de la obligación de satisfacer la deuda restante.
La ley está respaldada por la Directiva Europea 2014/17, que insta a los Estados miembros a adoptar mayores medidas para proteger a los consumidores, en particular a través de la dación en pago, (el traspaso de la propiedad de los inmuebles hipotecados a los bancos sin gastos adicionales). Sin embargo, la Directiva habla de los contratos que se firmarán a partir de marzo de 2016 y no contempla el principio de retroactividad. Para entrar en vigor, la ley debe ser promulgada por el presidente Klaus Johannis y publicada en el Boletín Oficial, y entrará en vigor a los 15 días de su publicación.
