Las consecuencias del trágico accidente del 30 de octubre en la sala de espectáculos Colectiv de Bucarest, en el que han fallecido más de 60 personas, fueron primero políticas, con la dimisión del gobierno. Ahora, también lo son económicas y legislativas: un control más exhaustivo de espacios públicos, con una nueva legislación de medidas sobre incendios y terremotos, ha provocado el cierre inmediato de muchos locales públicos, sobre todo en la capital. Para adecuarse a las normas se tendrán que realizar importantes inversiones que, sólo en lo relativo a medidas antiincendios, provocarán una duplicación de las ventas del sector, publica el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), que recoge una noticia de la revista Capital.
Según la consultora KeysFin, “la Ordenanza de Urgencia adoptada por el gobierno que da a los bomberos el derecho de paralizar la actividad de las empresa que no respetan los requisitos mínimos de protección contra incendios influirá de manera sustancial el mercado, especialmente en 2016. Según la información que tenemos los pedidos firmes para servicios en este sector han aumentado un 500% en relación con la media registrada para estos servicios en los últimos años. Los pedidos proceden especialmente del sector HORECA, donde las empresas, hasta ahora, habían preferido ignorar estos asuntos.” Según la misma empresa, el mercado de los servicios de este sector aumentará un 100% en 2016 hasta más de 200 millones de leus (45 millones de euros). Las estimaciones son aún difíciles de concretar, pero hay señales que apuntan a esta cifra.
En Rumanía hay sólo 75 empresas especializadas en la venta de productos y prestación de servicios contra incendios y hay provincias en las que no hay ninguna empresa de este perfil.
Por otro lado, tal como refleja el reportaje de la revista Capital de su edición del 30 de noviembre, la tragedia del club Colectiv, que costó hasta ahora la vida de 60 jóvenes, había coincidido con la introducción de una normativa más severa en lo que se refiere a los edificios con riesgo sísmico alto (clase 1 de riesgo sísmico). De esta manera, la nueva normativa, que fue promulgada por el presidente rumano Klaus Iohannis el 17 de noviembre, prohíbe la organización o el desarrollo de cualquier actividad cultural o comercial que suponga concurrencia de personas, en espacios catalogados en la clase 1 de riesgo sísmico. En estos espacios se permite sólo que se mantenga el uso de vivienda. La mayoría de los edificios con riesgo sísmico se encuentran en el casco antiguo de la ciudad.
