“Bulgaria y Rumanía están en el visor de la UE por sus malas prácticas en la atribución de mercados públicos”, escribe el sitio de información Mediapool de Sofía, afirmando que el Gobierno búlgaro fue advertido, el 30 de octubre, de la inminencia de una auditoría de la Dirección General de Mercado Interior y Servicios (DG MARKT) de la Comisión Europea. Adelantándose al hecho, la vice-primera ministra y ministra de Justicia búlgara, Zinaida Zlatanova, ha reconocido las carencias de su país en este ámbito:
"La situación es dramática. El estado de nuestro sistema de atribución de mercados públicos es malo. En el 70% de las licitaciones públicas, se presentó un solo candidato, lo que quiere decir que hay una flagrante ausencia de competencia. Y no es un problema de legislación sino de aplicación de reglas. Se diría que la mayoría de los concursos públicas han sido redactados para candidatos designados de antemano".
Según Mediapool, la auditoría de la DG MARKT incumbe a los procesos de atribución de mercados públicos financiados tanto por fondos europeos como nacionales.
Rumanía no se encuentra en una posición más ventajosa, pero parece que las autoridades ya se han anticipado a los trámites europeos. La página web de información económica Business 24 anunció el 30 de octubre que se ha creado la Agencia Nacional para la Integridad (ANI), encargada de la lucha contra la corrupción, de un “Gran Hermano sobre el empleo de fondos europeos” por parte de Rumanía. La ANI dispondrá antes de junio de 2014 de una “herramienta de vigilancia informática que emitirá amonestaciones en caso de que existan dudas sobre la atribución de los mercado públicos con fondos europeos”, explica esa web informativa. Este mecanismo de vigilancia se financia gracias a siete millones de euros procedentes de fondos europeos. Según Business 24:
"En 2012, en una investigación efectuada sobre 80 expedientes de atribución de mercados públicos, 78 cargos electos recibieron dinero público a través de este tipo de licitaciones, lo que supone un coste de 8 millones de euros para el Estado".
