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Las salas de cine públicas caen en desgracia en Rumanía

de Raúl Costa     HotNews.ro
Joi, 19 ianuarie 2017, 16:13 Espanol - cultura.espana

Cinema Patria
Foto: Facebook.com
​Pese al reconocimiento internacional del cine rumano, cientos de salas estatales de cinematografía han caído en desgracia en Rumanía a causa de una deficiente gestión desde la caída de la dictadura comunista en 1989. Rumanía contaba hasta entonces con un patrimonio de más de 600 salas de proyección de películas que servían para el uso propagandístico de las ideas del 'Genio de los Cárpatos', como le gustaba denominarse a Nicolae Ceausescu.

En 1991, el Gobierno de Petre Roman decidió crear el organismo RADEF, dependiente del Ministerio de Cultura, con el propósito de gestionar todos los locales donde se proyectaban largometrajes. Diez años después, apenas restaban 415 salas; y, actualemente, 130, de las cuales sólo 20 están en funcionamiento."Durante el comunismo, no cabía ningún alfiler en la sala, puesto que se trataba de la única diversión; ahora están desérticas y en pésimo estado si no están cerradas", explica el exdirector de esta institución, Marius Iurascu. Muchas de ellas se transformaron en casinos, discotecas, salas de bingo, pero también en restaurantes, supermercados y almacenes. Y las pocas que continúan abiertas se encuentran en un estado deplorable.

"Duele entrar a una de las salas más bonitas de Bucarest y tener que mirar por el suelo para evitar que te muerda una rata", cuenta Iurascu. Para salvar estas salas de cine, RADEF decidió traspasar en 2013 la gestión de muchas de ellas a los ayuntamientos, pero sus problemas financieros tampoco resolvieron esta situación. "Si ni siquiera se pueden hacer cargo de las escuelas, ¿lo harán de las salas de cine?", lamenta Ion Ionescu, un apasionado del séptimo arte que tiene alquilada una de ellas en la capital rumana. El fracaso de la descentralización de cines es rotundo: de 219 salas transferidas a las alcaldías, sólo tres funcionan.

Galati, una ciudad con más de 250.000 habitantes situada al este de Rumanía, lleva más de 20 años sin contar con una sala de cine. Si un vecino de esta localidad a orillas del Delta del Danubio deseaba ver una película en la década de los 90 debía desplazarse hasta Bucarest, que está a unos 240 kilómetros. En los últimos diez años, basta con trasladarse a Braila, a unos 20 kilómetros. El enfado de sus habitantes alcanzó tal punto que protestaron el pasado año bajo el lema "¡Queremos cines en Galati! Tampoco surtió efecto.  Al final, una asociación logró que un empresario invirtiera unos 200.000 euros en condicionar la Casa de la Cultura de los sindicatos de Galati para proyectar películas 3D.

La situación tampoco es sencilla en Bucarest. RADEF se encarga de cuatro salas, de las cuales dos -Cinama Patria y Cinema Studio- fueron cerradas por riesgo sísmico a principios del 2016. Las autoridades tomaron medidas drásticas contra edificios con problemas de seguridad después de que un incendio en una discoteca de la capital provocara en octubre de 2015 la muerte de 64 personas a causa de irregularidades pasadas por alto por la corrupción. Pero este organismo tiene una deuda de más de siete millones de euros y sin director al frente, al mismo tiempo que los empleados esperan que les paguen sus nóminas desde hace medio año. "Se llenaban los bolsillos con dinero, mientras que otros apenas recibían sus salarios", se quejó el exsecretario de Estado del Ministerio de Cultura, Bogdan Stanoevici, a mediados de octubre.

Por su parte, el sindicato de RADEF asegura que el principal culpable es el Ministerio de Cultura por la "falta de interés". "Sin apenas dinero y con los pocos ingresos propios, hemos logrado modernizar y digitalizar una serie de salas de cine", en total siete, asegura Mariana Bikfalvi, la presidenta del Sindicato Libre RomaniaFilm. Mientras que unos y otros se culpabilizan del calamitoso estado de las salas de cine, los ciudadanos solo pueden acercarse a ver una película en los pocos Multiplex que existen en los centros comerciales de las principales ciudades. "No se han creado leyes ni condiciones para asegurar el negocio a la persona que desea invertir, no deben recuperar las más de 600 salas, pero sí solo unas cuantas", concluye Ionescu.























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