Rumanía procesó el año pasado a unas 1.300 personas por corrupción, la mitad de ellas por abuso de poder, anunció hoy la jefa de la Fiscalía Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, en un balance presentado después que el Gobierno se viera obligado a retirar un decreto que despenalizaba ciertos delitos.
"En Rumanía mucha gente declara que apoya la lucha contra la corrupción, pero todos hemos visto qué rápido los esfuerzos y el trabajo del sistema judicial pueden ser anulados", señaló Kovesi acompañada del presidente, el conservador Klaus Iohannis.
En el balance de la Fiscalía Anticorrupción del pasado año, Kovesi dijo que se juzgaron a 1.300 personas, entre ellas a tres ministros, seis senadores, 11 diputados, 16 magisstrados y 20 directores de compañías estatales.
Además, Kovesi afirmó que la justicia se enfrentó a "ataques sin precedentes", incluyendo "el fenómeno de la desinformación que puede cambiar cómo la realidad es percibida y puede afectar la credibilidad del sistema judicial".
Iohannis, crítico con el polémico decreto que el Gobierno aprobó a principios de feberro y que desató la mayor ola de protestas en el país desde la caída del comunismo,
"La espada de Damocles parece haber sido alejada por el momento", aseguró Iohannis, pero subrayó "la irreversibilidad de la lucha contra la corrupción no está garantizada".
Según Kovesi, el prejuicio al estado ascendió hasta los 260 millones de euros el año pasado.
Por ejemplo, "el Estado compró equipamientos a precios sobrevalodrados entre el 50 % y el 60 % mientras que las comisiones rondaban el 10 % y el 20 % del valor de los contratos", explicó la jefa de la Fiscalía.
