Unas 150.000 personas, según la televisión pública rumana, piden hoy en Bucarest la dimisión del Gobierno socialdemócrata del país, después de que aprobara anoche un decreto de emergencia que despenaliza algunos casos de corrupción, publicó el diario La Vanguardia, que recoge un artículo de la agencia Efe.
Un grupo de aficionados radicales de los clubes Steaua, Rapid y Dinamo de Bucarest interrumpieron las protestas pacíficas, dejando un balance de dos policías y dos civiles heridos.
Lemas como "Retirad el decreto y dimitid" y "Ladrones" son coreados por miles de personas ante la sede del Ejecutivo, mientras que otros manifestantes llevan carteles en los que califican al gabinete de "traidor".
Los medios rumanos informan de que unas 150.000 personas también protestan en otras ciudades del país balcánico, como Timisoara, Cluj o Sibiu.
"No creo que en Europa exista algo parecido a esto. No nos iremos hasta que el Gobierno lo derogue (el decreto)", dijo Florin Toma, uno de los manifestantes.
La concentración se desarrolla sin mayores incidentes, aunque un pequeño grupo lanzó bengalas a la policía y ésta respondió con agua a presión.
Las protestas se producen después de que el Gobierno aprobase anoche un decreto ley por vía de urgencia con el que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado menores a 44.000 euros.
En los casos por debajo de esa cifra se iniciarán procedimientos administrativos y civiles para recuperar el dinero y castigar a los responsables.
El decreto ley del Gobierno del primer ministro, Sorin Grindeanu, quien asumió el cargo a principios de mes, ha generado fuertes críticas dentro y fuera del país y ha provocado las mayores protestas callejeras desde la caída del comunismo en Rumanía en 1989.
La oposición de centroderecha anunció hoy una moción de censura, el principal órgano judicial prepara un recurso contra la medida y el presidente del país, Klaus Iohannis, ha pedido la intervención del Tribunal Constitucional.
La Comisión Europea se mostró hoy "muy preocupada" por la medida y los analistas consideran que esta ley supone el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía ingresó en la Unión Europea en 2007.
El líder del gubernamental Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, que no pudo postularse como primer ministro por una condena en suspenso de dos años de cárcel por fraude electoral, será uno de los beneficiados de la normativa, ya que no será juzgado por un caso de corrupción.
Dragnea no tendrá así que responder ante un tribunal en un proceso iniciado precisamente ayer por un caso de corrupción cuando era gobernador de una provincia rumana, puesto que las pérdidas al Estado están valoradas en 24.000 euros.
La medida también beneficiará a otros cargos políticos pertenecientes al PSD que están a la espera de juicio.
El ministro rumano de Justicia, Florin Iordache, expresó hoy su malestar ante las protestas y afirmó que está siendo criticado "por algo esencial en una democracia: las leyes las hacen los legisladores".
La ley ha indignado a parte de una ciudadanía cansada de la corrupción en un país en el que el sueldo medio es de 460 euros.
Para el analista Dan Tapalaga, la presión política y social es la única vía de hacer al Gobierno cambiar su decisión.
"La solución pasa por la presión institucional y pública que obligue a retirar el decreto urgente, que ha convertido a Rumanía en una país de ladrones legalizados", explica Tapalaga.
El periodista Cristian Pantazi, redactor jefe del portal Hotnews, relata que los manifestantes piden que "la Justicia sea independiente, libre, que castigue a los políticos y sus clientes que roban contratos del Estado, distorsionando el mercado, robando sus puestos de trabajo y sus derechos a una sanidad y educación de calidad".
