El jefe del Servicio de Inteligencia de Rumania (SRI), Eduard Hellvig, ha criticado duramente el fallo judicial de la Corte Constitucional que prohíbe las escuchas telefónicas al servicio de la policía y los fiscales, puesto que perjudica la seguridad nacional.
Hellvig señaló que se dejará de vigilar a espías, terroristas, mafiosos, ciberdelincuentes y corruptos, aunque precisó que la agencia de inteligencia acatará la sentencia.
La Corte Constitucional sentenció esta misma semana que las escuchas telefónicas eran anticonstitucionales porque la agencia "no es un organismo de investigación penal".
Por su parte, la Fiscalía anticorrupción, que se ha beneficiado de este servicio para imputar a altos funcionarios en los últimos años, asegura que necesita unos 10,4 millones de euros y 100 agentes policiales para realizar las operaciones de vigilancia.
Mientras tanto, el presidente de Rumanía Klaus Iohannis calla, lo que está consiguiendo que su popularidad siga disminuyendo entre los ciudadanos.
