La Fiscalía anticorrupción rumana anunció este miércoles que ha embargado un apartamento que pertenece al primer ministro rumano, el socialdemócrata Victor Ponta, después de constatar que ha generado un perjuicio de unos 11.600 euros por evasión fiscal.
“Según la conclusión de una evaluación, el perjuicio producido como resultado del delito de complicidad en la evasión fiscal por parte del acusado Ponta Victor-Viorel alcanza la suma de 51.321,80 lei (11.600 euros)”, señaló el comunicado emitido por la Dirección Nacional de Anticorrupción (DNA).
Por tanto, la Fiscalía ha procedido a embargar un apartamento del jefe del Ejecutivo, precisó la nota.
Ponta, que acudió por tercera vez a la Fiscalía, se negó a realizar de nuevo cualquier tipo de declaración sobre las acusaciones que le pesan de blanqueo de capitales y evasión fiscal.
“Haré declaraciones cuando me llamen con mi abogado”, afirmó Ponta a los periodistas a su salida de la Fiscalía.
El primer ministro añadió que la evaluación, que él había pedido el mes anterior a la DNA, muestra que ha pagado más dinero del que debería el pasado año, unos 2.000 lei (450 euros), suma que no pedirá que se la devuelvan.
Ponta, de 42 años, es sospechoso de "17 cargos por falsificación de documentos, complicidad en evasión de impuestos y blanqueo de dinero" entre el 2007 y 2011.
Anticorrupción acusa a Ponta de haber recibido 55.000 euros en 2011, un año antes de ser elegido jefe de Gobierno, por parte de un antiguo socio, Dan Sova, al que luego nombró ministro.
La investigación sostiene que para justificar esos ingresos, Ponta emitió facturas falsas con fecha de 2007 y 2008 por supuestos trabajos de asesoría legal para el bufete de Sova.
Aparte de por falsificación, lavado de dinero y evasión fiscal, a Ponta se le investiga por conflicto de intereses, ya que él fue quien nombró ministro a Sova en dos ocasiones, en 2012 y 2014.
Desde el poder en mayo de 2012, Ponta ha rechazado reiteradamente la petición de dimisión por parte del presidente conservador Klaus Iohannis.
