La publicación el pasado 9 de diciembre del resumen del informe del Senado estadounidense sobre los interrogatorios reforzados a sospechosos de terrorismo plantea nuevas dudas sobre el papel de Rumanía.
La senadora estadounidense Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de EE.UU., afirmó que las conclusiones del informe son “una mancha en nuestros valores y nuestra historia”.
El documento comenzó a elaborarse en 2009 y consta de 6.700 páginas y más de 35.000 notas explicativas, de las que se han desclasificado –aunque censurando el nombre de los países que colaboraron- 525 páginas.
En 2002, inmediatamente después de los atentados del 11-S, el presidente George W. Bush aprobó en secreto un programa de detención e interrogatorio de la CIA sobre supuestos terroristas de Al Qaeda en países terceros para eludir la práctica de la tortura en territorio estadounidense, algo prohibido por la ley de EE.UU. y anular la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra.
Conclusiones y motivación del informe
Brutalidad: Los métodos de interrogatorio reforzado (eufemismo de tortura) fueron más brutales de los reconocidos hasta el momento. El informe recoge algunas de las siguientes técnicas: alimentación por vía rectal, golpes y líquidos calientes sobre el pene, torturas a prisioneros aún heridos en su captura, sesiones de tortura de más de 100 horas continuadas sin sueño, práctica de falsa ruleta rusa o técnicas de ahogamiento.
Ineficiencia: La excusa argüida por los partidarios de este programa era que pese a lo excepcional de los métodos, se habían salvados vidas. El informe cuestiona tal afirmación.
Consenso generalizado: El Congreso y el Senado, tanto por sus representantes demócratas como republicanos, e intelectuales y periodistas de Estados Unidos estuvieron de acuerdo en la aplicación de dicha estrategia antiterrorista.
El informe parece ser un mea culpa por parte de la administración de Obama para decir de alguna manera “esto hicimos y no volverá a ocurrir”. Pero es dudoso que se vaya más allá y que de ello se deriven otras búsquedas de responsabilidades tanto penales como políticas.
El papel de Rumanía
Como ya denunciara la oenegé Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI) en febrero de 2014, un total de 54 países colaboraron con EE.UU. en las detenciones ilegales practicadas por la CIA a partir de 2002.
El mayor grado de colaboración fue el de Rumanía, Tailandia y Polonia, pues albergaron centros de detención de la CIA, conocidos bajo el nombre de black sites.
En el caso deRumanía la prisión ilegal– conocida bajo el nombre en clave de “Luz Brillante”- se encontraba a un kilómetro de la sede gubernamental, en la calle Mures número 4. La prisión funcionó entre el 6 de junio de 2003 y el 6 de septiembre de 2006 –como ya denunciara en 2005 Human Rights Watch o el Consejo de Europa en 2006- bajo la apariencia de albergar un nuevo organismo, la Oficina Nacional de Registro de Información Clasificada (ORNISS), institución que todavía funciona aunque se desconoce su cometido concreto.
En la prisión rumana habrían sido interrogados importantes prisioneros como Khaled Sheikh Mohammed -considerado el principal organizador del 11-S-, el número tres de Al Quaeda Abu Faraj al-Libi o Abd al-Rahim al-Nashiri, implicado en el atentado contra el navío estadunidense USS Cole en el que murieron 17 soldados estadounidenses y otros 39 resultaron heridos.
Rumanía denunciada ante la Corte Europea para los Derechos del Hombre
En agosto de 2012, la oenegé Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI) denunció en nombre del detenido Abd al Rahim al Nashiri –actualmente recluso en Guantánamo- a Rumanía ante dicho tribunal en Estrasburgo.
Nashiri, ciudadano saudí capturado por los estadounidenses en 2002 en Dubai, fue retenido por la CIA en diferentes prisiones secretas de Afganistán, Tailandia, Polonia, Marruecos y Rumanía, según sostiene el detenido.
En julio de 2014 Nashiri ganó un proceso similar presentado contra Polonia en la Corte Europea para los Derechos del Hombre. Los jueces de dicho proceso afirmaron en la sentencia de manera unánime: “Polonia cooperó en la puesta en práctica de las operaciones de captura, detención secreta e interrogatorios efectuados por la CIA en territorio polaco. Aunque Polonia no torturó prisioneros facilitó las condiciones necesarias para las torturas sin impedirlas”.
Polonia lo reconoce de manera indirecta, Rumanía calla de momento
Tras la sentencia del tribunal de Estrasburgo, el expresidente polaco Aleksander Kwasniewski reconoció los hechos pese a que las actuales autoridades mantienen el secreto bajo la excusa de estar en un proceso de sumario desarrollado desde hace años en los juzgados de Cracovia.
“Los interrogatorios violentos cesaron en 2003 por la presión de las autoridades polacas”, precisó Kwasniewski.
Está por ver cuál será la actitud de las autoridades rumanas si el país es encontrado culpable por el tribunal, aunque las declaraciones del primer ministro Victor Ponta en octubre de 2013 –tras la adopción por parte del Parlamento Europeo de una resolución en la que se pedía a las autoridades rumanas abrir una investigación sobre la implicación rumana en el programa de las prisiones secretas de la CIA- apunta a la posibilidad de reconocerlo y tal vez escurrir el bulto culpando al Gobierno de entonces: “Sinceramente no sé sobre qué prisiones se trata y, en modo cierto, creo que sucedió mucho antes de asumir yo la función de Primer Ministro”.
