Conocidos también como brókers o tiburones inmobiliarios, los que se han enriquecido en los últimos 25 años como resultado del proceso de restitución de bienes incautados durante el comunismo pertenecen a la zona de presión del Gobierno, del Parlamento o de los partidos políticos, tanto los que tienen el poder, como los de la oposición. No han sido los propietarios legítimos, ni tampoco sus herederos los que han recibido reembolsos de parte del estado rumano. Los beneficiarios han sido los empresarios que compraban derechos litigiosos y tenían cargos suficientemente importantes para conseguir que los pleitos se juzgasen en el orden que mejor les convenía.
Hotnews.ro presenta el modo en el que los brókers, abogados y políticos han conseguido millones de euros en detrimento del estado rumano.
Hasta el año pasado, cuando el Gobierno modificó la ley, la restitución de bienes se realizaba bajo el control de un amasijo de leyes, las más importantes de las cuales eran la Ley 18/1991, para las tierras, y la Ley 10/2001 para las casas. En conformidad con estas leyes los propietarios legítimos o sus herederos podían solicitar la restitución de sus bienes a las alcaldías y recibir, a veces después de varios años, sus bienes, otra propiedad (en el caso de que los bienes que pretendían eran de utilidad pública) o dinero. El último tipo de compensación, sin embargo, fue sustituido por acciones en el Fondo de propiedades. En enero de 2010, al instaurarse este tipo de reembolso, las acciones del Fondo de propiedades valoraban en torno a los 0,55 RON, para ahora llegar a ser estimadas a 1 RON, el resultado de la presión de los mismos tiburones inmobiliarios.
Después de ser presentado en la alcaldía, el caso pasaba a las prefecturas, donde se comprobaba la legitimidad de la demanda. Antes del 2010 y del Fondo de Propiedades, el caso pasaba luego a la Autoridad Nacional de Restitución de las Propiedades (ANRP). Lejos de solucionar el problema, la ANPR facilitaba, a través de la duración exagerada del proceso de restitución, la compra por parte de los brókers de los derechos litigiosos de los propietarios legítimos. Éstos últimos, en la mayoría de los casos personas mayores y desencantadas, aceptaban la suma que los brókers les ofrecían, una cantidad inferior a la justa.
A partir de este momento los propietarios se encontraban ya fuera de los trámites. Aprovechando el hecho de que los casos sociales eran prioritarios, los brókers conseguían certificados de discapacidades. Ahora lo que realmente importaba era la tasación, hecha generalmente por evaluadores independientes. La tasación llegaba a ser incluso diez veces mayor de lo que debía.
Este trayecto se puede comprobar en el caso de la jefe de la Fiscalía contra el crimen organizado y el terrorismo en Rumanía, Alina Bica, quien ha sido detenida por acusaciones de corrupción. Bica participó en 2011 en una comisión de restitución de bienes que aprobó una compensación en forma de 13 hectáreas para un empresario, cuya tasación era muy superior a lo que correspondía.
Entre los que más perjuicios generaron al estado rumano mediante la compra de derechos litigiosos se encuentran: Stelian Gheorghe, Iaciu Gheorghe, Mihai Rotaru y Horia Simu Șchiopu, que pagaron aproximadamente 15 millones de RON y ganaron en torno a 900 millones de RON.
Traducido por Alma Marhamati
