El ministro rumano de Asuntos Exteriores, Teodor Melescanu, anunció este martes su dimisión justo ocho días de sustituir a su predecesor por le mismo motivo: el caos del voto de la diáspora en las elecciones presidenciales del pasado domingo. “Como vivimos en un país en el que nadie se asuma su responsabilidad, yo, como persona de honor, me la asumo y presentaré mi dimisión en la reunión del Gobierno”, declaró Melescanu en rueda de prensa.
El exjefe de la diplomacia y de los servicios secretos en el exterior no se marchó sin pedir antes disculpas a los miles de rumanos que no pudieron ejercer el pasado domingo su derecho a voto por falta de colegios electorales en el extranjero.
El primer ministro y derrotado candidato socialdemócrata, Victor Ponta, aceptó su dimisión y propuso al actual embajador rumano en la Unión Europea, Mihnea Moto, un diplomático de 48 años que también representó a Rumanía ante la ONU.
Las enormes colas de hasta horas y las manifestaciones espontáneas en varias ciudades europeas y en Rumanía en el primer escrutinio provocaron la caída de Titus Corlatean el pasado 10 de noviembre.
En ese momento, Corlatean alegó que no aceptaba violar la ley por los intereses políticos y electorales del presidente saliente Traian Basescu y el ganador, el liberal Klaus Iohannis.
Melescanu, por su parte, reiteró que un aumento de los centros electorales en el extranjero no está contemplado por la ley, aunque la Oficina Electoral precisó que el Gobierno tiene la potestad para aprobar un decreto-ley que la modifique.
Ponta, en cambio, se mostró firme al rechazar cambiar “las reglas de juego” durante las elecciones puesto que podría suponer su anulación.
Más de 362.000 rumanos, de los 3,5 millones que se estiman, votaron en el extranjero, en su mayoría a favor de Iohannis, que consiguió un 54 % de los votos.
Ponta anunció que seguirá como primer ministro, pese al clamor de miles de manifestantes que exigieron su dimisión durante la noche del escrutinio.
El lunes, el líder socialdemócrata afirmó haber comprendido el “mensaje” del electorado y que, por tanto, pidió la convocatoria del Parlamento, para rechazar el proyecto de ley de amnistía, que permitiría la puesta en libertad de los parlamentarios y magistrados condenados por corrupción en los últimos años.
