La corrupción y el contrabando, combatidas por las autoridades rumanas sin grandes avances, y el bloqueo de Berlín y Ámsterdam por la crisis política y la opaca independencia de la justicia atascan la adhesión de Rumanía al espacio Schengen. A finales de la semana pasada, el ministro de Interior teutón, Hans-Peter Friedrich, salió a la palestra para defender el veto alemán: “Aquellos que vienen a Alemania para aprovecharse de los beneficios sociales y de abusar la libre circulación tienen que ser impedidos”.
Las declaraciones del responsable germano atienden a la polémica suscitada por el incremento de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria a las grandes urbes alemanas, sobre todo de la etnia gitana, que sufren la discriminación en sus respectivos países. Holanda, sin embargo, siempre ha bloqueado su acceso por la lentitud de las reformas de la justicia, cuyo principal cometido pasa por luchar contra la lacra del soborno en los puestos fronterizos y en todos los espectros de la sociedad.
“Se ha resuelto el problema en cuanto al equipamiento tecnológico de los pasos fronterizos”, asegura el analista especializado en administración, Sorin Ionita, que reconoce sin embargo que “hay dificultades en el sistema de datos para identificar a las personas”. Rumanía ha invertido 470 millones de euros de la Unión Europea y otros 88 millones de sus propios fondos para adquirir equipos de vigilancia de alta tecnología, lo que ha sido suficiente para que Bruselas acceda a las exigencias de Bucarest de integrarse al espacio Schengen.
“Los contrabandistas escogen a personas pobres de las zonas fronterizas, que suelen cobrar poco por su transporte en comparación con las ganancias obtenidas”, señala Ionita. Estos grupos criminales prefieren invertir una cantidad más grande para sobornar a los policías que faciliten su actividad, lo que puede suponer una media de 5.000 euros al día por paso fronterizo. La corrupción se manifiesta en las despampanantes casas y extensos terrenos de muchos jefes de turno, que suelen percibir un sueldo medio de 500 euros. Las reticencias proclamadas por algunos Estados occidentales causaron estupor a las autoridades rumanas cuyos dignatarios reaccionaron de manera distinta.
El primer ministro, el socialdemócrata Victor Ponta, declaró inmediatamente que si no se obtenía un plan de plazos para acceder a Schengen en la reunión del Consejo de Ministros de Interior (JAI) entre el jueves y el viernes, Bucarest apartaba este asunto de sus objetivos prioritarios. Estas afirmaciones motivaron la puesta en escena del presidente Traian Basescu ante las cámaras de televisión para explicar la importancia de unirse. Acompañado de un mapa y señalando las nuevas fronteras de Schengen (Ucrania, Moldavia y Serbia), Basescu subrayó que el objetivo del país balcánico pasa por su entrada “con el coste de los potenciales corruptos, tanto en el Parlamento como en el Gobierno”.
De esta manera, el jefe de Estado hizo un guiño a la Unión Europea en su determinada lucha contra la corrupción. Ionita advierte del escaso tráfico de personas en los puntos fronterizos y precisa que la entrada en el espacio Schengen no resolverá el problema de la evasión fiscal y el crimen organizado en Rumanía y Bulgaria: “Los grandes negocios sucios en Rumanía se realizan en el puerto de Constanza”.
