El ministro del Interior de Francia, Manuel Valls, se ha desplazado a Bucarest este miércoles junto al ministro delegado para Asuntos Europeos, Bernard Cazeneuve, para tratar la situación de los gitanos. Rumanía -donde viven unos 620.000 (más de dos millones según las ONG), algunos de ellos asimilados y otros que evitan declararse por miedo a la discriminación- necesita el apoyo de las autoridades europeas para evitar la imagen que de los desmantelamientos de gitanos en los suburbios de las ciudades francesas.
“Nuestros esfuerzos comunes tienen que dirigirse hacia una solución para que los gitanos se integren en sus países y un elemento muy importante pasa por una colaboración entre las autoridades de ambos estados”, ha señalado el ministro francés de Interior, Manuel Valls, tras sellar un acuerdo bilateral con el primer ministro rumano, Victor Ponta, sobre la comunidad romaní. París quiere demostrar a Bucarest que seguirá desmantelando campamentos y devolviendo a los romaníes a su lugar de origen. Por su parte, Bucarest ha reclamado el apoyo de París para pedir fondos de cohesión europeos de 2014 a 2020 para aplicar programas de integración.
En solo dos meses, agosto y septiembre, Amnistía Internacional calcula que Valls va a expulsar a la mitad de los 15.000 gitanos rumanos que residen en Francia. Valls aseguró que su país asumirá responsabilidades, que pasan por "la eliminación de las chabolas ilegales, el traslado de los ciudadanos a las fronteras, forzada o con ayuda” pero, añadió, “también anunciaremos cuando sea posible un programa de integración en el mercado laboral, vivienda y la escolarización de los niños".
Ponta ha dicho que debe haber más programas con el apoyo de Francia para reducir los desequilibrios sociales. "La verdadera solución se producirá cuando los niños romaníes tengan acceso a la escuela y trabajo en Rumanía", ha precisado el socialdemócrata Ponta.
Tabra de tigani romani
Foto: Hotnews
Horas antes del encuentro, alrededor de 200 gitanos han protestado frente a la sede del Gobierno en Bucarest para mostrar su malestar por la visita de los dignatarios franceses. La multitud vociferaba en contra de las autoridades, incluso de los líderes de la comunidad romaní: "¡Queremos trabajar, no mendigar¡"¡Vamos todos a escapar de los ladrones y mafiosos!", "¡Queremos justicia, libertad y dignidad!".
En Francia, el circo mediático creado en torno la destrucción de campamentos y las expulsiones ha reforzado la imagen de Valls, de largo en el miembro más popular del Gobierno socialista. Las encuestas estiman que dos tercios de los votantes del Partido Socialista defienden los desalojos y las deportaciones. El ministro del Interior francés resume su política con la fórmula “firmeza y humanismo”, o también “mano dura y derechos humanos”.
Las Naciones Unidas y las ONG afirman que su política es muy parecida a la emprendida en el verano de 2010 por Nicolas Sarkozy, cuando convirtió a los gitanos en el principal problema migratorio y de seguridad. Valls afirma que ahora se cumple la legalidad y las expulsiones se hacen “caso por caso”.
El presidente de la Alianza Cívica Demócrata de los Romanís (ACDR) Marian Daragiu, ha señalado que han salido a la calle para que el Gobierno reformule las políticas públicas adoptadas en condiciones paupérrimas y para expresar su enfado de que han sido manipulados electoralmente en los últimos 20 años en lugar de afrontar la cuestión.
“Esta bella historia con los franceses que vienen a poner de relieve que el Gobierno rumano se da por enterado [de las reivindicaciones francesas] tiene que parar. No se pueden esperar efectos positivos mientras las causas estén ocultas bajo una alfombra", ha recriminado Daragiu.
Los manifestantes admitieron que la cruda realidad radica en la falta de trabajo, viviendas e imposiblidad de mandar a los niños a la escuela, demostrando a Europa una mancha que Bucarest reconoce.
Amnistía Internacional (AI) ha exigido hoy a Francia y a Rumanía que detengan los desalojos y las expulsiones forzosas de gitanos, una práctica ilegal que “viola los derechos de los ciudadanos a sus derechos fundamentales a la salud, la vivienda y la educación”, recuerda la asociación.
Valls se ha entrevistado también con el presidente Traian Basescu, el ministro de Trabajo e Interior, Mariana Campeanu y Mircea Dusa. Basescu ha rechazado las acusaciones de que "Rumania es responsable de la expulsión de la minoría étnica romaní, que necesite refugiarse en Francia": "No se expulsa a ningún ciudadano en territorio rumano", ha asegurado.
Ambos ministros franceses se desplazarán el jueves a Campia Turzii, un centro que recibe financiación del Gobierno francés destinado a integrar a niños desfavorecidos.
